Eduardo Ruiz Vega/ La Razón
Muchos lo advirtieron, en corto, ya que la escenografía era demasiado poderosa. El acto de presentación de la iniciativa de decreto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, llevado a cabo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad en marzo pasado, conjuntó al Presidente de la República y miembros de su gabinete, de la mano de los jerarcas de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Los discursos fueron sentencias cargadas de emoción.
En el auditorio la industria escuchaba con dudas y temores que ahora, como en la novela de García Márquez, se han convertido en una crónica anunciada.
En efecto, pasada la emoción de la retórica política presenciada en vivo a través de la televisión nacional, los plazos empiezan a incumplirse, así como las promesas de contar en tiempo récord con un nuevo andamiaje legal e institucional para fomentar el crecimiento y la competencia en este sector vital para el desarrollo económico del país. El rumbo no se ha perdido, eso es claro. Sin embargo, el camino tendrá muchos más obstáculos que los imaginados en un inicio por los promotores de este cambio estructural. De entrada, el mecanismo conocido como Pacto por México ha entrado en una etapa difícil, tras el anuncio de retirada formal por parte del Partido de la Revolución Democrática.
Como se comentó en este espacio la semana pasada, no habrá iniciativa de adecuación legal el próximo nueve de diciembre. Así, un sector con relevancia en la integración del Producto Interno Bruto nacional quedará sin ley principal y sin adecuaciones concurrentes a otras leyes por el momento.
Incumplido el plazo de 180 días que el Congreso de la Unión se impuso a sí mismo para legislar, lo que resta es la oportunidad, solicitada formalmente por la industria y por la sociedad civil en diversas ocasiones, para llevar a cabo un proceso de discusión transparente y serio.
Ya no hay prisa, por el contrario, se mantiene la posibilidad de que esta reforma estructural conjunte, con virtud, en los hechos, sus ambiciosos objetivos.
Para lograr lo anterior será necesario un verdadero ejercicio de autocrítica. Hoy es evidente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desea permanecer como un actor central en el desarrollo de este sector. Y eso es perfectamente correcto, tal vez no lo fue en su momento la reflexión y la oferta apresurada para abdicar, de un plumazo, a una actividad que define a dicha dependencia en su propia denominación. Ahí está una primera reflexión que debe hacerse y ordenarse.
Ya que un hecho innegable es que hoy lo que fue un órgano desconcentrado de esa instancia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se ha transformado en un órgano constitucional autónomo. Es indispensable, por ende, la definición de una nueva e inexplorada forma de colaboración institucional, entre lo que, destacados académicos, han llamado como dos poderes distintos.
En este escenario, no deja de llamar la atención la actitud de quienes en su momento validaron a ultranza todos y cada uno de los aspectos de la reforma constitucional.
Hoy se manifiestan ofendidos en sus colaboraciones mediáticas y actividad en redes sociales, aparentando haber sido ajenos a las propuestas plasmadas en la reforma que en buena medida son causa de la situación compleja actual que vive el sector. A ellos ya se les escuchó y en su momento poco o nada fueron cuestionados. Ahí está el resultado.
La pregunta que habrá que formular a los poderosos es si en esta ocasión el foro será abierto a otras voces, sociales e industriales, con el objetivo de transitar ordenadamente a un entorno de mayor competencia en beneficio de la población.
Analista en Telecomunicaciones
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