Los mexicanos somos muy dados a planear bajo la premisa de que tendremos recursos suficientes, o inclusive en exceso, para satisfacer nuestras necesidades. Cuando ello no ocurre, las consecuencias no se hacen esperar.
Algo así está sucediendo con el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, a partir del anuncio del recorte en el gasto público programado para este año. Las expectativas para apagar la televisión analógica y transitar a la televisión digital terrestre (TDT), así como para desarrollar una red mayorista compartida de servicios móviles en la banda de los 700 MHz (la “Red Compartida”), empiezan a cuestionarse en la línea de tiempo originalmente planteada.
Las metas insertas en programas públicos se ajustan todo el tiempo; esto no es algo nuevo, ni tampoco privativo de nuestro entorno. Sin embargo, no podemos soslayar las circunstancias particulares que rodean al apagón analógico y al despliegue de la Red Compartida. Ambos proyectos, de entrada, fueron elevados a mandato constitucional, por lo que su ajuste, a pesar de la realidad económica que priva en el país, no será tan sencillo. Adicionalmente, podríamos decir que son proyectos “madre” sin sustitutos claros, de los que dependen en buena medida otros proyectos.
En el caso del apagón analógico, se anunció un recorte de recursos presupuestales equivalente a dejar de entregar 3 millones de televisores digitales, con capacidad de conectividad a Internet, a igual número de hogares. Si esta medida se mantiene y, a la par, no se adoptan acciones complementarias como suplir la entrega de televisores por la de decodificadores y antenas con menor costo (como sucedió en Tijuana, Baja California), el ajuste podría implicar no cumplir con la obligación legal de apagar la televisión analógica cuando se asegure, al menos, la continuidad de servicio al 90% de la población de escasos recursos.
Las consecuencias del recorte presupuestal respecto del despliegue de la Red Compartida son más inciertas. Esta red representa una apuesta agresiva para el desarrollo de servicios móviles de clase mundial en México. Paradójicamente, la Red Compartida implicó haber privado a los operadores actuales del acceso mediato a la banda de 700 MHz, como ocurre en otros países, por lo que cualquier retraso en su inicio de operaciones a finales del 2018 puede generar retrasos sistémicos en la diversidad y la calidad de los servicios para los consumidores mexicanos.
El Estado mexicano debe encontrar un equilibrio entre la disciplina presupuestal y el desarrollo de actividades prioritarias, especialmente cuando estas actividades pueden generar una reacción en cadena, como sucede con el apagón analógico y la Red Compartida. Si bien, como muchos advirtieron en su oportunidad, la programación de estos eventos se hizo bajo la premisa de contar con recursos a manos llenas, su cumplimiento parcial podría resultar peor que una reevaluación de sus méritos y un posible cambio de estrategia.
La importancia que tienen para la población los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, es evidente. Tanto lo es que en la reciente reforma a la Constitución Política el acceso a los mismos fue catalogado como un derecho fundamental. Ésta debe ser la premisa para las acciones que, ante el entorno económico, habrá de definir la presente administración.
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