Eduardo Ruiz Vega
La Razón
Inicia el 2013 casi en paralelo con el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Hay una notable diferencia, sin embargo, respecto del comienzo de otras administraciones federales: desde su discurso inaugural y con la publicación del Pacto por México, Peña Nieto ha puesto los puntos sobre las íes en relación con la adopción de medidas fundamentales en los ámbitos político, económico y social del país. Las telecomunicaciones, al menos para mi sorpresa, ocuparon un lugar preponderante en este novel ejercicio democrático.
El desdoblamiento en la práctica del capítulo de telecomunicaciones del Pacto por México, incluidas la radio y la televisión de señal gratuita, será de gran interés para industria y analistas. Si bien existen algunos planteamientos concretos como, por ejemplo, licitar dos “cadenas nacionales” de TDT (servicio con bajísimas tasas de penetración en la sociedad) en el rubro de la televisión radiodifundida, en el caso de otros subsectores, mucho más importantes en términos de valor económico, como son la telefonía y el acceso a la banda ancha, no encuentran aún especificidad en el texto tripartita dado a conocer por la Presidencia de la República. Advertir la necesidad de aumentar la competencia en los subsectores referidos en donde un solo grupo empresarial conserva estatus monopólico con participaciones de mercado cercanas al 80 por ciento, no puede ser considerado como algo innovador o claridoso.
Un parteaguas en la historia obvia del estado que guarda la incipiente competencia en el sector de las telecomunicaciones de nuestro país, lo constituyó la difusión del estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (la “OCDE”) hace unos meses. Ese estudio, gestionado inusitadamente por el órgano regulador de las telecomunicaciones en México, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (“Cofetel”), sintetizó en blanco y negro y de manera cruda los graves problemas que enfrentamos debido a la indebida concentración en unas solas manos de entre el 70 y el 80 por ciento de un mercado cuyo valor anual ronda los 30 mil millones de dólares.
La OCDE no dejó títere con cabeza: atacó el pobre e ineficiente arreglo institucional con que cuenta México ante la duplicidad de funciones conocida como la “doble ventanilla” entre la SCT y la Cofetel; el estado de atraso en la regulación del sector; la inactividad del Congreso de la Unión, así como la falta de dientes de las autoridades para actuar oportunamente en contra de los operadores dominantes. Un saldo muy positivo de ese reporte, hay que señalarlo, fue que el entonces secretario Dionisio Pérez-Jácome a manera de mea culpa publicará el mismo día de la presentación del documento de la OCDE un decálogo de acciones para favorecer la conectividad y la cobertura social.
Persisten, no obstante lo anterior, dos pendientes fundamentales no atendidos por el decálogo de Pérez Jácome. El primero es dotar a la Cofetel de su Reglamento Interior. El cinismo con el cual se bloqueó esta norma desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en los tiempos de Calderón raya en la responsabilidad administrativa de servidores públicos. El segundo, presente también en el capítulo correlativo del Pacto por México, es que nos definan en forma clara los pormenores de las medidas que adoptarán para finalmente promover la competencia en las telecomunicaciones, es decir, para regular en forma asimétrica y eficaz al grupo empresarial que en donde está es operador dominante.
