La semana pasada, el Senado norteamericano llevó a cabo una comparecencia en donde los directores de las Agencias de Seguridad estadounidenses explicaron el hackeo y ataque-activismo en redes sociales que sufrió Estados Unidos en la pasada elección a manos de los rusos. Posteriormente, hicieron público un documento con generalidades y, a la par, NBC obtuvo un documento más detallado.
El reporte es demoledor y deja ver la coincidencia entre la CIA, el FBI y la NSA de que los rusos estuvieron muy activos, primero, para cuestionar el proceso electoral estadounidense y luego para desacreditar a Hillary Clinton. El reporte de inteligencia — disponible en mi cuenta de Twitter— señala que la operación fue ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, y ejecutada por la inteligencia militar rusa. Ésta habría filtrado la información y desinformación a Guccifer 2.0 y a DC Leaks, para luego ser diseminada por WikiLeaks.
En la comparecencia, el Comité senatorial señaló que los rusos están muy activos utilizando las redes sociales para posicionar a los candidatos de su preferencia (y afectar a los que no les simpatizan) en toda Europa, desde los países bálticos hasta Francia. De hecho, el senador Ted Cruz, reveló que los rusos están aumentado su capacidad de ciberespionaje y operación de redes en América. Señaló que los rusos han reactivado el centro de ciberespionaje en Lourdes, Cuba, y que en Nicaragua están construyendo una instalación similar disfrazada de centro de monitoreo satelital.
Así, las amenazas del ciberespionaje y de la manipulación electoral en medios digitales no sólo están vigentes, sino que además hay países que están ampliando sus capacidades y alcances en éstas.
Los recientes disturbios que han acontecido en México a causa del gasolinazo han sido en muchas ocasiones convocados vía redes sociales. De hecho, ha habido mucho más llamados a movilizaciones en redes de los que realmente se han dado en las calles e incluso hubo días en los que la información falsa y los rumores que corrieron generaron pánico e histeria colectiva en la zona conurbada de la CDMX.
Pese a ello, la atención y reacción que han tenido autoridades federales y estatales sobre lo que surge en las redes es prácticamente nula. De hecho, estos incidentes organizados por activistas nacionales han dejado ver la incapacidad de nuestras autoridades para entender, y mucho menos lidiar, con las redes, pero también han puesto en evidencia la incapacidad de los medios de comunicación para orientar a la gente de manera oportuna.
Es justo decir que si las autoridades norteamericanas fueron sorprendidas por la efectividad del “ataque” ruso, las de México no tendrían capacidad alguna para detectar y menos aún para prevenir ataques cibernéticos como los que ya se están fraguando en Nicaragua y Cuba.
El Estado mexicano tiene un año para prepararse pues es un hecho que para las elecciones del 2018 habrá más que sólo mexicanos dando opiniones sobre los candidatos a la Presidencia.
El negocio de Netflix se complica. A partir de este año, a los servicios digitales que sean prestados en Colombia por empresas radicadas en el extranjero, como Netflix, Spotify, Hulu, Amazon u otras, les será aplicado el 19% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La propuesta de Reforma Tributaria aprobada por el Congreso colombiano el 28 de diciembre pasado ordena a todas las emisoras de tarjetas de crédito y débito, a los vendedores de tarjetas prepago y recaudadores de efectivo a cargo de terceros, aplicar el 19% de IVA al momento del cargo por parte de los prestadores extranjeros de servicios electrónicos o digitales. Con lo que los proveedores extranjeros son empatados a lo que pagan los proveedores de TV de paga o servicios similares en Colombia.
Lo sucedido en Colombia no es un caso aislado. En distintas partes del mundo se ha venido analizando y discutiendo la pertinencia de que empresas que prestan servicios de video en línea —servicios OTT— paguen contribuciones en los lugares en donde reciben ingresos. En Argentina, se aprobó desde el 2014 que pagasen impuestos y todos los países de la Unión Europa están en proceso de aprobar una directiva para que no sólo paguen impuestos, sino que además 20% de su contenido sea de productores europeos.
En México, todas las empresas de contenidos locales por internet —Blim, Claro, Cinépolis Klic, Totalplay— están en desventaja frente a las extranjeras pues las nacionales sí pagan impuestos, pero la competencia desleal de empresas de OTT’s extranjeras, en un sector convergente y con productos sustitutos, también afecta a toda la televisión (abierta y restringida) que paga impuestos en México.
Así, parece que el negocio de Netflix —en buena medida basado en mayores márgenes al no pagar impuestos locales— empieza a generar resistencias. En el caso de México, pero también en el de otros países, la disyuntiva es desregular a concesionarios o poner la misma vara a todo tipo de programadores (locales y extranjeros). Esto es algo que el IFT, la SHCP y el Congreso deben abordar con prontitud o de lo contrario todos los contenidos vistos en México serán enviados desde Estados Unidos.
Carlos Slim, ¿el candidato Anti-sistema? El nombre de Carlos Slim para la Presidencia de la República fue puesto en el radar público por una encuesta que publicó el diario Reforma el pasado 24 de noviembre. En ésta, el 49% de los encuestados señaló que por mucho Slim era el empresario mejor posicionado para hacerle frente a Trump. Después, a mediados de diciembre, el equipo del ingeniero filtró la reunión Slim-Trump, misma que fue confirmada por el presidente electo estadounidense, pero hasta un día después. Luego, la semana pasada, una televisora regional —Telesur— basada en el Sureste publicó un video promocionando las bondades de una presidencia de Slim en México. Este video acumuló 11 millones de reproducciones en apenas cinco días y fue acompañado de varios Trending Topics: #SlimParaPresidente, #AnímeseIngeniero y #AnímateSlim. Tanto el video como la operación en redes iniciaron siendo pagados para luego viralizarse orgánicamente entre usuarios de redes. Por ello la duda es si se está sondeando una eventual candidatura.
Muchos lo están apoyando por sus éxitos empresariales. La verdad sea dicha, éstos serían su principal problema en la búsqueda de la Presidencia de la República pues en su mayoría se trata de concesiones y otros recursos públicos por lo que habría un problema de conflicto de interés difícil de resolver.
La principal virtud del ingeniero para buscar un cargo público es que se le percibe como un hombre honesto en cuya familia no hay excesos. Al contrario, toda su descendencia se dedica al trabajo en un contexto de normalidad y sin privilegios.
