2019-07-23
La semana pasada supimos con mayor detalle los planes del presidente López Obrador para crear una empresa, filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendrá como mandato “dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades más apartadas del país”, según lo señaló el propio titular del Ejecutivo, que además anunció que la creación de la empresa mencionada ya fue aprobada por el Consejo de Administración de CFE y que se solicitará la concesión que se requiere al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hasta el momento se sabe que utilizará la fibra óptica desplegada por la empresa productiva del estado, y según le comentó el presidente a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, en una videoconferencia que sostuvieron hace algunas semanas, utilizarán también antenas, lo que implica comunicaciones inalámbricas, y por tanto, que el órgano regulador le asigne frecuencias del espectro radioeléctrico, porque dudo que cuente con la cantidad y cobertura suficientes para tal fin.
Antes de hacer algunas reflexiones sobre los desafíos que enfrentará este proyecto, destaco algo que también mencionó el presidente la semana pasada: que esta empresa también proporcionará servicios de telecomunicaciones a Bansefi, una vez que éste se convierta en el Banco del Bienestar. Es algo que parece lógico, pero perfila lo que podría ser otro objetivo central de este nuevo operador: convertirse en el proveedor preferido del sector público.
Ahora bien, todo indica que este proyecto coexistirá con otro de gran alcance y que ya está en marcha, la red compartida creada por virtud de la reforma consitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Para quienes no están familiarizados con este proyecto, les comento que se trata de una red que provee en forma mayorista de servicios inalámbricos, fijos y móviles, de nueva generación. Para este propósito, se estableció en la Constitución que se le debía asignar 90 megahercios de la banda de 700 MHz, una banda muy poderosa para ofrecer servicios de banda ancha. El proyecto fue asignado a la empresa Altan, bajo la figura de Asociación Público-Privada, por lo que el gobierno participa como socio.
Al día de hoy Altán ha realizado un enorme esfuerzo financiero y operativo para poder desplegar su infraestructura y ofrecer servicios a todos aquellos operadores que quieran a su vez ofrecer servicios de banda ancha en nuestro país. Operadores como AT&T o izzi ya han contratado capacidad de la misma y otros operadores más pequeños también ya lo han hecho. Es un proyecto en el que inversionistas privados y el gobierno comparten el riesgo, por lo que resulta muy extraño que el propio gobierno lance un nuevo proyecto que le va a competir a otro en el que es socio, porque la ley prevé que la empresa de CFE sólo puede operar como mayorista, como es el caso de Altan. Sólo en localidades donde no hay presencia de ningún operador podría ofrecer servicios minoristas.
Ahora bien, valdría la pena que antes de aventurarse a este nuevo gran proyecto, el gobierno revise qué si puede hacer y qué no, en términos de tratos favorables o especiales para la empresa de CFE, frente a los compromisos de México en el TMEC. Por ejemplo, no se justificaría que le den trato expedito al trámite de la concesión frente a los trámites de otras concesiones, por más 4T que se le vista. También podría ser violatorio de los compromisos de México que Bansefi o el Banco del Bienestar elijan de manera preferente a la nueva empresa de CFE frente a cualquiera de los demás proveedores de servicios de telecomunicaciones que operan en nuestro país. Además, la filial de CFE estará sujeta a los compromisos aplicables a los operadores principales según la definición del propio acuerdo, pues es evidente que en muchas localidades del país tendría esa categoría. El desafío es enorme, no sólo financiera y operativamente, también legal.