2019-07-25
Hoy la conectividad es un derecho consignado constitucionalmente para todos los mexicanos, en reconocimiento a su papel esencial para trabajar, estudiar, comunicarse, apropiarse de contenidos culturales, entre muchas otras actividades.
La gran pregunta es cómo alcanzar un escenario de plena de conectividad entre la población. Es manifiesto que no sólo es un tema de cobertura de infraestructura, sino de poder adquisitivo, acceso a dispositivos, habilidades digitales y preferencias de uso.
Aproximadamente un tercio de la población se encuentra desconectada por falta de recursos económicos, ya que únicamente 50.6% de los hogares cuentan con computadora. De los hogares que sí cuentan con una PC, 85.5% disponen de conectividad, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2018, INEGI).
Esta es precisamente la barrera más importante por salvar para democratizar la conectividad.
Desde la administración anterior, se dispuso la creación de programas y acciones sectoriales para aproximar la conectividad precisamente a esos individuos que por sus condiciones socioeconómicas no pueden considerarse usuarios regulares de Internet. Así, se crearon el programa México Conectado, la Red Pública Compartida y la Red Troncal (aún sin definición de su desarrollador).
Recientemente el presidente López anunció la autorización para crear una empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llevará por nombre “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” cuya aspiración es iniciar operaciones en 2020 proveyendo Internet a aquellas localidades desconectadas, todo sin fines de lucro, claro. Ello, a partir de utilizar la infraestructura de fibra óptica oscura desplegada por la empresa a lo largo del territorio y vía el establecimiento de centros integradores de servicios (alrededor de 10 mil) que conectarán con una antena un área pública designada y dará respaldo a los operadores de telecomunicaciones ya existentes.
En el caso de México, la experiencia del gobierno en la provisión de servicios de comunicaciones resultó en dos procesos de quiebra de la empresa satelital Satmex, una operación de un monopolio público (Telmex) sin la capacidad para invertir y extender sus servicios que dio lugar a un mercado negro de instalación de líneas, una decimonónica administración de Telecomunicaciones de México (Telecomm), así como un servicio deficiente de Correos de México.
Las lecciones históricas e internacionales apuntan a que los gobiernos han dejado atrás la tentación de ser empresarios para enfocarse en buscar ser buenos gobiernos y buenos reguladores, en su forma de mecanismos para estimular la dinámica y la generación de incentivos a la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.
Adicionalmente, a pesar de que la CFE cuenta con fibra óptica no significa que esté lista para cursar servicios de telecomunicaciones, se requiere ser “iluminada” y de elementos de red con los que aún no cuenta para transmitir voz, datos y video y el despliegue de la ‘última milla’ para llegar efectivamente a un punto de conectividad. Esto implica una complejidad y esfuerzos técnicos y económicos para comenzar a operar.
Si bien existe una intención claramente social de este proyecto, el consenso derivado de la experiencia histórica internacional es que la vía de colaboración estratégica del gobierno con los agentes privados es la óptima en proyectos de desarrollo de infraestructura para alcanzar los objetivos esperados. Por lo que para alcanzar su cometido, el gobierno podría emprender efectivamente y apoyarse en los proyectos de conectividad ya existentes, a saber: la Red Pública Compartida y la Red Troncal, ambos en colaboración con agentes privados.
Esperaríamos que no caiga en esa tentación el gobierno.
De caer, al menos que lo emprenda sobre un diseño y articulación de esfuerzos óptimos para asegurar el cumplimiento de su operatividad, con calidad de servicio y eficiencia en el empleo de recursos técnicos y económicos empleados.