2022.02.09
Vía El Economista
El grupo que actualmente detenta el poder de manera transitoria, y que con una megalomanía enfermiza pretender haber labrado ya su lugar en la historia, ha venido socavando de manera paulatina pero implacable las libertades de expresión y de prensa, por lo menos, desde 2006, en que López Obrador hizo su berrinche por haber perdido las elecciones presidenciales frente a Felipe Calderón y culpó (cosa muy común en él) al Consejo Coordinador Empresarial de haber emprendido una “guerra sucia” en su contra por el simple hecho de ejercer su derecho a opinar y haber calificado a López Obrador como “un peligro para México”. Independientemente de lo proféticas que resultaron esas palabras, en 2007 toda la clase política, incluyendo al gobierno de Calderón, pretendió calmar la furia de López Obrador restringiendo el derecho a opinar de los ciudadanos y prohibiendo su acceso a la radio y la televisión. A partir de entonces, sólo los partidos y el gobierno tienen el derecho de opinar de política en radio y televisión. Usted y yo lo tenemos prohibido.
Sin lugar a dudas, la prohibición para que los ciudadanos opinen de política en radio y televisión viola de manera flagrante las libertades de expresión y de prensa, y por ello, varios ciudadanos demandaron el amparo contra esa violación a sus derechos humanos. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, con ese miedo que la caracteriza frente a los exabruptos de López Obrador, resolvió que no podía ser inconstitucional una disposición que está en la Constitución. Argumento falaz, ya que una cosa son las garantías individuales y los derechos humanos (que tienen un rango internacional superior al de la parte orgánica de la Constitución) y otra muy distinta la organización de los partidos políticos y las reglas de las contiendas electorales.
Además de prohibirnos a los ciudadanos ejercer nuestros derechos de libertad de expresión y opinión, las huestes de López Obrador lograron que el gobierno no pudiera hacer ningún tipo de propaganda durante las campañas electorales. Una vez más, sólo los partidos pueden hablar. Ni ciudadanos ni funcionarios públicos lo pueden hacer. Además, con ese afán soviético que los caracteriza, obligaron a los medios de comunicación a hacerla de policía de las buenas conciencias y decidir qué es propaganda o publicidad y qué es noticia. Se llegó al grado de sancionar a medios porque en periodo de veda electoral un boxeador traía en los calzones el logo del PRI en una pelea realizada en Las Vegas. Así de ridículas las consecuencias de querer quedar bien con López Obrador.
Con el mismo ahínco, integrantes del movimiento de López Obrador que hoy cobran del erario, llevan décadas tratando de obligar a que la radio y la televisión distingan entre opinión e información; programación, publicidad o propaganda. Evidentemente, se escudan en causas “progre” y buena ondita de fácil digestión para analfabetas. Así, a estas evidentes violaciones a la libertad de expresión y de prensa las han edulcorado y envuelto en una entelequia indefinible denominada “derechos de las audiencias”. Lo importante aquí es lo que buscan: que el gobierno decida qué es información, qué es opinión, qué es programa, qué es publicidad o qué es propaganda para sancionar a los medios incómodos, incluso con la suspensión de transmisiones. Todo lo demás que se diga es puro rollo.
Ahora, el restrictivo modelo de comunicación política que le sirvió a López Obrador para llegar al poder callando voces críticas, se les está volteando. Los medios estarán obligados a suspender las transmisiones o enlaces a La Mañanera, dada la veda electoral detonada por el capricho de la revocación de mandato. Si no lo hacen, pueden ser sancionados con multas millonarias. También los funcionarios públicos que hagan propaganda en favor de López Obrador o él mismo, pueden ser sancionados por violar las normas electorales. La diferencia es que para estos últimos, incluido el presidente, la ley es sólo una amable sugerencia. La violan todos los días con una impunidad que no puede pasarnos desapercibida si algún día queremos dejar de ser el país bananero en que esta administración nos ha convertido.