Federico González Luna/ El Financiero.
En declaraciones hechas la semana pasada (EL FINANCIERO, viernes 5 de julio), el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda advirtió de la necesidad que tiene el país de prepararse para un inminente descenso en los ingresos petroleros. Dados los vasos comunicantes de las finanzas públicas, este hecho podría tener una incidencia determinante en asuntos prioritarios de telecomunicaciones.
El subsecretario Miguel Messmacher apuntaba que en razón del incremento en la producción mundial de petróleo los precios que obtiene México por la venta de hidrocarburos no observarán más incrementos, lo que obligará, como es lógico, a buscar recursos fiscales alternos en el contexto de la reforma hacendaria por venir.
Destacó el funcionario que entre enero y mayo de 2013 los ingresos petroleros cayeron 8.6 por ciento a tasa anual.
Esta realidad económica tiene naturalmente efectos sobre diversos sectores de la economía como lo es el de las telecomunicaciones. La reforma constitucional del pasado 11 de junio prevé que el Estado mexicano asumirá una serie de obligaciones de enormes costos cuyo financiamiento deberá provenir, principalmente, del presupuesto federal.
Ejemplo de estas presiones de gasto son la creación de nuevos órganos reguladores de telecomunicaciones y competencia económica, la creación de un nuevo organismo de radio y televisión con cobertura nacional, la operación de Telecomunicaciones de México de una red troncal a nivel nacional; la conclusión de la transición a la televisión digital en todos los hogares del país para el último día de 2015, o una política de inclusión digital universal que deberá proveer accesos de banda ancha al 70 por ciento de los hogares y al 85 por ciento de las pymes.
Quizá más costoso que los anteriores, se contempla un proyecto de infraestructura que, en palabras del subsecretario de comunicaciones de la SCT José Ignacio Peralta, tendrá un costo aproximado de 12,500 millones de dólares (sólo en CAPEX). El proyecto se refiere al uso de la banda de 700 MHz mediante la instalación de una red nacional mayorista.
Al respecto, vale destacar tres aspectos claves prescritos por la Constitución: a) la red deberá estar en operación en 2018; b) no podrá prestar servicios a usuarios finales, sólo a otras redes y comercializadores y, lo más importante: c) podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deberá aprobar la Cámara de Diputados.
En síntesis se tiene: una red de cobertura nacional que no puede prestar servicios a usuarios finales lo que acota su acceso al mercado para generar ingresos y utilidades (exigibles en la Constitución) y, dependiendo de la decisión que tome el Gobierno Federal, podrá instalarse y operarse total o parcialmente con recursos públicos, con el cuantioso costo antes citado. En pocas palabras, la moneda está en el aire.
Así las cosas, preocupa la decisión que se tome dado el cúmulo de necesidades financieras públicas provenientes del resto del sector telecomunicaciones junto con las variables que puedan presentarse en la economía mexicana por el entorno nacional o internacional, como será la disminución de los ingresos petroleros. Sin perjuicio, por supuesto, de otras necesidades urgentes de tipo social y económicas que deben atenderse con recursos del Estado.
La peor decisión será aquélla que no se tome o la que demore en llegar. La repercusión que puede tener la banda de 700 MHz para lograr la disponibilidad general de servicios de telecomunicaciones de banda ancha (calculados en 1.5 por ciento del PIB por el Banco Mundial) haría inadmisible la parálisis, más aún cuando la economía del país muestra signos de requerir incentivos reales que promuevan su crecimiento.
Muchas variables tendrán que considerarse para decidir el destino final de la banda de 700 MHz. Cualquier decisión que deje de lado el prudente manejo de recursos públicos seguramente la hará inviable y, por ello, tremendamente irresponsable.
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