Roberto García Requena
Ovaciones
En las últimas décadas se ha confirmado la eficacia de tres objetivos fundamentales que deben considerarse para implementar reformas vanguardistas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión: (I) la separación de los organismos reguladores de la administración central; (II) el fomento a la competencia; y (III) la extinción de prestadores de servicios paraestatales. Ha sido gracias a la adopción de estos objetivos, que muchos países han activado sus mercados y afianzado una transformación hacia sociedades digitales incluyentes.
La separación de los organismos reguladores ha sido uno de los principales componentes del desarrollo y el fortalecimiento del mercado a nivel internacional. La competencia, el crecimiento del sector y la autonomía del regulador están tan íntimamente relacionados que uno no puede existir sin que exista el otro. Sin lugar a dudas, los reguladores autónomos han desempeñado un papel fundamental en la creación de un entorno favorable para la inversión y por lo tanto la evolución del mercado. Contundente es el hecho de que muchos países han creado organismos independientes, plenamente facultados para tomar y respaldar sus propias decisiones, para emitir disposiciones regulatorias sostenibles y para, sancionar a quienes no jueguen conforme a sus reglas. Con la reforma de telecomunicaciones que se acaba de promulgar en nuestro país, parece que vamos por buen camino en este tema. Esta semana se abre la convocatoria para seleccionar a los 7 comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones autónomo.
Otro objetivo primordial es crear un entorno favorable para la inversión, promover el crecimiento del mercado y velar por la inclusión digital efectiva para todos. La ausencia de operadores capaces de ejercer una influencia significativa en el mercado puede considerarse como una garantía para el crecimiento balanceado. Es decir, la competencia equitativa es condición sine qua non para lograr un entorno de mercado “en el que todos ganan”. El nuevo mandato constitucional de México, contempla medidas de regulación específicamente diseñadas para evitar queja influencia de los agentes con poder sustancial de mercado obstaculice o reduzca la competencia en el sector. Vamos bien.
Con respecto a los prestadores de servicios paraestatales, hay una gran experiencia internacional. Incluso aquí mismo hemos vivido -no sólo en el sector comunicaciones, sino en varios otros de los cuales destaca el financiero- el catastrófico desempeño del gobierno como empresario. No es desconocido por nadie: si se quiere un mercado de telecomunicaciones dinámico y adaptable a la evolución tecnológica el gobierno no debe operar redes de telecomunicaciones. A partir de la semana pasada, nuestra Constitución limita inexplicablemente el desarrollo en México al obligar a que el espectro radioeléctrico más adecuado para banda ancha móvil, lo explote y opere el estado. ¿Qué pasó ahí? íbamos muy bien…