Se vivió un intenso y nutrido foro en el Senado de la República de miércoles a viernes de la semana pasada, organizado por las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio y Televisión; y Estudios Legislativos con el fin de escuchar los diferentes puntos de vista de académicos, industria, cámaras empresariales, y organizaciones civiles, en torno a la propuesta del presidente Peña Nieto respecto a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Fue un ejercicio plural y democrático que abrió el micrófono a todos las voces e intereses del sector y en donde los legisladores recibieron un caudal de información que ahora tendrán que analizar para entrar en el proceso de dictaminación y eventual aprobación de la ley. Las preocupaciones respecto al proyecto de ley, como es natural, fueron de diversa índole y con distintos enfoques. En algunos temas hay plena coincidencia como lo es el capítulo de sanciones en donde todos los expositores que abordaron este rubro observaron multas excesivas y desproporcionadas.
En otros temas hay posiciones encontradas. Algunos ejemplos son la tarifa de interconexión del agente económico preponderante. Evidentemente Telmex/ Telcel están en contra de la propuesta del Ejecutivo para establecer la tarifa en cero para la terminación de llamadas en su red, mientras que al resto de los operadores de la Industria les parece una medida adecuada. Otro es el plazo de dos años establecido en el proyecto de ley para que el agente preponderante pueda participar en el mercado de la televisión de paga. Este periodo de tiempo a Telmex le parece muy largo, al tiempo que a los cableros y particularmente a Televisa les parece muy corto.
Hay muchos temas en los cuales hay posiciones encontradas. Los senadores tendrán que evaluar y ponderar los diferentes puntos de vista de los expositores para logar una ley lo más clara posible y que propicie las mejores condiciones para alcanzar una competencia plena en los mercados. El proyecto de ley es, en términos generales, un texto que abona a la competencia, a la inversión y desarrollo de infraestructura, y por ende, a beneficiar a los consumidores finales.
Ahora le toca el turno al Senado para enmendar y corregir, de ser el caso, aquellos aspectos que aún pueden sustanciar y mejorar lo que ya se plantea en el proyecto de ley del Ejecutivo, y en estricto apego a la reforma constitucional aprobada el año pasado. Tendrán que trabajar a marchas forzadas para tener la ley lista para el 25 de abril como ya lo habían comprometido. El PRD, en voz de su coordinador parlamentario en el Senado, Miguel Barbosa, ya propuso que la discusión y aprobación de esta ley se vaya a un periodo extraordinario en el mes de mayo.
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