El gobierno federal está de plácemes al concluir la etapa de aprobación legislativa de las reformas estructurales, que ocupó el primer tercio de la administración del Presidente Peña Nieto.
Fueron casi dos años para que todas las reformas propuestas fueran finalmente concretadas en papel, tanto en la Constitución Política como en las normas secundarias. Ahora empieza la siguiente etapa, no menos difícil: la de la implementación. Al gobierno actual le quedan poco más de cuatro años para instrumentar dichas reformas y que se empiecen a ver los beneficios tangibles en la economía.
Pasar de la aprobación a la instrumentación de las reformas será la principal tarea restante de la presente administración. Si lo logra pasará a la historia como un gobierno de cambio, de vanguardia, un gobierno que le apostó al futuro del País y ganó. Si se atora la implementación de lo que ya es ley, la herencia del gobierno será la ineficiencia, la demagogia, y el aletargamiento del crecimiento económico. Aquí no hay matices: es todo o nada.
Preocupa el caso educativo que al día de hoy no se haya cumplido al pie de la letra el texto de la reforma. La Secretaría de Educación Pública no ha logrado que la ley se cumpla a cabalidad. Ahí están los casos de Oaxaca y Michoacán. Si el caso educativo contamina en su falta de vigor a las demás reformas (principalmente financiera, de telecomunicaciones, energética) se está ante un enorme riesgo de perder la oportunidad de lograr el crecimiento económico tan anhelado.
En el caso particular de las telecomunicaciones, la instrumentación que se logre de la reforma será tan importante como la reforma misma, si es que se quiere lograr mercados en competencia y con beneficios a los consumidores. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene mucho camino por recorrer para materializar el propósito de esta reforma.
Por solo dar unos cuanto ejemplos, el IFT tiene enfrente y en lo inmediato el implementar la transición a la televisión digital terrestre, la licitación de las dos cadenas nacionales de televisión, la aplicación de una regulación asimétrica a los preponderantes, la eliminación de la larga distancia a partir del 2015, entre otras. Si estas tareas el IFT las ejecuta con éxito, las consecuencias serán favorables. Si el regulador falla, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión tan anunciada y aplaudida no servirá más que para dejar testimonio en el diario de los debates del Congreso de la Unión.
Llegó la hora de instrumentar. El gobierno se tiene que poner las pilas para llevar las reformas a buen puerto y no naufragar en el camino. Del éxito o no en su implementación, dependerá el legado que dejen el gobierno y el Presidente de la República en particular.
