Gerardo Flores
El Economista
El gobierno federal a través del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez-Jácome, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, y el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, suscribió un compromiso para que a más tardar el 30 de noviembre -último día de la administración- queden listas las bases para licitar frecuencias de televisión en el país. Falta menos de mes y medio para que esto suceda. Seguramente estarán trabajando a marchas forzadas para honrar dicho compromiso y coronar el sexenio de Calderón con este anuncio.
Si bien el equipo de transición nombrado por el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, carece de un responsable que coordine los trabajos en materia de telecomunicaciones, incluida la radio y la televisión por supuesto, es evidente que una decisión de política pública de tal envergadura como la licitación de cadenas nacionales o regionales de televisión en el país debe de llamarles al menos la atención. Me parece que alguien del equipo de Peña debería de estar metido de lleno en el proceso de estructuración de esta licitación. No es para menos, porque además ya será tarea del próximo gobierno la ejecución y defensa de la misma.
La elaboración de las bases de licitación no está siendo cosa sencilla. Es un proceso de licitación inédito en México, que además está constreñido por las restricciones que marcó la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa. Por ejemplo, a diferencia del cúmulo de anteriores licitaciones de frecuencias del espectro para servicios móviles de telecomunicaciones en donde el criterio económico -a través de subastas ascendentes- ha sido definitorio en la entrega de concesiones, ahora esto no es posible. La Suprema Corte señaló que la oferta económica no puede ser preponderante. En este sentido, la Cofetel está trabajando en otra serie de factores, como por ejemplo la inclusión de contenidos independientes en la programación, para definir al ganador. Preocupa mucho el grado de discrecionalidad y subjetividad para asignar valores a cada uno de estos factores.
Por otro lado, hay muchas preguntas relevantes: ¿Realmente con esta licitación se va a generar mayor competencia en el mercado de la televisión? ¿Habrá mayor diversidad y pluralidad de contenidos? ¿Hay mercado publicitario para una tercera o cuarta cadena nacional, o varias regionales? ¿La penetración de la televisión digital es suficiente para darle viabilidad financiera a inversiones millonarias en este mercado? ¿Va a poder participar América Móvil en la licitación? Estos son solo algunos cuestionamientos que deberían de preocupar al equipo de Peña. Sería lamentable que su gobierno iniciara con la pata chueca en el sector de las telecomunicaciones, debido a una licitación de televisión que podría estar destinada al fracaso.
