Roberto García Requena/ Ovaciones
En poco más de un mes deberá estar aprobada y en vigencia la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones de conformidad con el mandato constitucional. El 9 de diciembre vencen los 180 días que el Congreso fijó para emitir las leyes reglamentarias que le den vida a la reforma constitucional. El Foro Internacional -sobre Nuevos Modelos de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México que organizó el Senado de la República hace unos días y que contó con la participación de expertos, académicos, reguladores, autoridades, y de la propia industria, dejó un sabor de boca de que no hay claridad respecto a muchos temas que se tendrán que fijar en la llamada ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión.
Recientemente se presentaron dos iniciativas de ley. Una la presentó Purificación Carpinteyro, diputada federal del PRD, y la otra la escribió la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y fue arropada por algunos senadores del PAN, particularmente Javier Corral. Se menciona que el PRI también está trabajando en su propuesta de ley en coordinación con el ejecutivo federal, en donde el que lleva la pluma es el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Ignacio Peralta. También se dice que en el seno del Pacto por México se está fraguando otro texto de ley. Y seguramente habrá otros textos circulando patrocinados por otros grupos de interés.
El mensaje es que a la fecha no hay ley y que, por supuesto, no hay consenso en el contenido de la misma, y que diferentes grupos con distintos intereses están procesando propuestas que nada tienen que ver una con la otra. ¿Qué va a salir de todo esto? Parece que será una ley más bien divergente en los intereses, que convergente en lo digital. Probablemente resulte un bodrio de ley que no encauce por la vía correcta al sector de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. La letra fina será vital para que este sector avance. Indefiniciones, imprecisiones, omisiones o vaguedades dejarán a la industria, nacional o extranjera, paralizada en sus planes de inversión y expansión de infraestructura.
Si bien ya se aprobó la miscelánea fiscal (y no digo reforma porque no lo es), la agenda legislativa está más que complicada de aquí a que termine el periodo ordinario. Falta la reforma energética y la reforma política como condicionante para que se apruebe la primera. Estas dos van a sacar chispas en el Congreso. En medio de esta turbulencia legislativa se va a tener que discutir la legislación secundaria en telecomunicaciones. A menos, que como es ya una costumbre, los legisladores violenten la disposición constitucional que ellos mismos impusieron de tener la legislación lista antes del 9 de diciembre. Al fin que México es el país de la impunidad en cuanto a violaciones a la ley se refiere.
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