Roberto García Requena
Ovaciones
El sábado pasado se interrumpió el servicio en la red móvil de Telcel. Los usuarios no pudimos mandar ni recibir llamadas o mensajes de texto durante 24 horas en las delegacioles Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Alvaro Obregón, Cuauhtémoc i Venustiano Carranza. Sin previo aviso a los consumidores o a a autoridad regulatoria, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el servicio se suspendió supuestamente por problemas con el software que administra la red. Todavía el doningo persistieron fallas intermitentes en el servicio. No es la primera vez que se cae la red de Telcel y que miiones de usuarios se quedan sin servicio sin previo aviso, provocando contratiempos en sus actividades profesionales y personales, con los consecuentes costos. Es cierto que en ciertas ocasiones en el pasado Telcel ha tenido que resarcir a sus usuarios por los daños causados. Seguramente tampoco será la última vez que esto ocurra y que los consumidores se queden de epente sin un insumo indispensable para su vida cotidiana. Que alguien me diga que no le afecta o importa quedarse sin comunicación por el celular durante horas cuando menos se lo espera. El problema surge porque en realidad no existe una política de protección y empoderamiento del consumidor. Por más denuncias ciudadanas que se hagan en la Procuraduría del Consumidor o en la propia Cofetel, las sanciones a las que se puede lacer acreedor un operador son ínfimas en relación a los daños causados por la infracción. Es decir, no existen los incentivos adecuados para prevenir este tipo de conductas por parte de os concesionarios. La sanción más alta es de 4.5 millones de pesos. Esta cantidad es risible al lado de los ingresos que tienen as empresas de este sector, particularmente Telcel que concentra el 70 por ciento del mercado móvil. Por otro lado está el problema que aunque la Cofetel proponga una determinada sanción a la SCT, esta última tiene un bajísimo récord de efectividad. Sólo alrededor del 10 por ciento de las sanciones propuestas por la Cofetel son impuestas por. la SCT. Este es un problema central de la doble ventanilla entre estas dos dependencias. Este porcentaje de bateo en las sanciones abunda en la poca o nula disuasión que tienen los operadores para infringir la ley. Ahora que el Pacto por México cobre vida en el Congreso en el tema de telecomunicaciones es muy importante que los legisadores estén alertas de esta situación. Se tienen que generar os incentivos correctos para ei debido cumplimiento de la ley; una de tantas maneras es a través de sanciones acordes a los ngresos de las empresas de este sector. El otro punto igual de mportante es que los usuarios tengan información de la calidad y precios de sus servicios. No és razonable interrumpirla entrada y salida de llamadas y mensajes sin un previo aviso al consumidor.
