Roberto García Requena/ Ovaciones
Un párrafo del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones dice a la letra: “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuéstales que resulten necesarios”.
Basado en este texto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) interpreta que es ella, el sector central, quien debe orientar, dirigir y ejecutar la transición a la televisión digital terrestre (TDT). Por otro lado, la misma reforma en telecomunicaciones le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) facultades exclusivas -incluida el otorgamiento de concesiones- en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Desde la resolución de la Suprema Corte respecto a la Acción de Inconstitucionalidad de la llamada ley Televisa, uno de los logros más cacareados fue precisamente que la todavía Cofetel, anterior órgano regulador, mantenía la exclusividad regulatoria en materia de radiodifusión.
Entonces, ¿en qué quedamos? Se Creó un órgano constitucional llamado Ifetel, con poderes autónomos e independientes para la regulación del sector telecomunicaciones y radiodifusión. Se sacó al Poder Ejecutivo federal de la jugada para no sesgar decisiones técnico-regulatorias con tintes e intereses políticos. Se nombraron comisionados transexenales y con nombramientos escalonados en el tiempo. ¿Y todo ello para que ahora resulte que será la SCT la encargada de definir, sin siquiera una opinión del Ifetel, la política de transición a la televisión digital? Parece broma.
No es por amarrar navajas, pero si el Ifetel no puede participar en la definición de este proceso tan importante en la industria de la radiodifusión, no se entiende el espíritu de su propia creación. Es evidente que se necesita del concurso de los poderes federales para lograr una concreción exitosa del apagón analógico. Se necesita de la Secretaría de Economía para promover la norma oficial mexicana que prohíba la venta e importación de equipos analógicos al país. Se necesita de la Secretaría de Hacienda para programar los recursos para la compra de decodificadores, y se necesita del Congreso de la Unión para autorizarlos. Pero de eso, a hacer a un lado al órgano regulador y dejarlo al margen de la transición a la TDT, no parece lo más legal.
¿Será que son los primeros avisos que no será un órgano ni tan constitucional, ni tan autónomo como se pretendió?
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