¿Hasta cuándo la ley de telecom? La semana pasada finalizó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. A pesar de que la misma Constitución mandata que desde el 9 de diciembre pasado los mexicanos tuviéramos una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, los señores legisladores no hicieron su chamba. En los últimos días de abril las comisiones del Senado quisieron dictaminar la ley presentada por el ejecutivo pero como ya es costumbre hubo oposición por parte del PRD y de algunos panistas que simplemente no quieren que el país avance.
Al parecer ahora se va a desahogar hasta el mes de junio en un periodo extraordinario. El problema es que la afectación a los bolsillos de todos los mexicanos es constante cada día que se sostiene el status quo. Se calcula en 1.8 por ciento del PIB anual la pérdida en bienestar para los consumidores de servicios de telecomunicaciones por la disfuncionalidad del mercado. Es decir, la postergación de este primer semestre de la aprobación de la ley y su entrada en vigor para corregir la estructura monopólica del mercado, va a costar casi 1 por ciento del PIB a los mexicanos. No sé si de esto están conscientes los legisladores que nomás no quieren la competencia en el sector.
Aunado a la pérdida de bienestar también hay que agregar la disminución en los montos de inversión de los operadores. Ante un marco regulatorio incierto y sin la ley que los norme es natural que los concesionarios pospongan sus decisiones de inversión. Para el cierre de 2013 se registró una disminución del 23 por ciento en la inversión privada en el sector de las telecomunicaciones. Seguramente este dato será todavía más drástico al cierre del primer semestre de este año. Sobra decir que disminuir la inversión afecta directamente en la penetración y la calidad de los servicios. Tampoco sé si de esto estén conscientes los legisladores.
En fin. Cada día que transcurre vamos perdiendo. Llevamos muchos años de atraso para regular debidamente al sector telecomunicaciones y radiodifusión. No tener ley cuesta, y cuesta mucho. Los perredistas y uno que otro panista que cancelan cualquier intento de legislar y darle rumbo al sector tienen que pagar esta factura. A ellos son a los que hay que darles mareaje personal y no a los senadores integrantes de las comisiones que van a dictaminar la ley. A los Encinas, Barrales, Padiernas, Corrales, etcétera son los que hay que vigilar con cuidado por el daño que le están haciendo a México. Hay que señalarlos como los responsables de que no avance la legislación y con ella el sector y el país. De alguna u otra manera tendrán que rendir cuentas ante el juicio público. Ellos son los verdaderos traidores.
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