Roberto García Requena | La Razón | 24 Julio 2015
A más de dos años de promulgada la reforma en telecomunicaciones, paso a paso, y no sin algunos traspiés, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha venido cumpliendo con el mandato que le impone la Constitución Política.
Desde las declaraciones de preponderancia a los agentes económicos con poder de mercado (Telmex-Telcel en telecomunicaciones; Televisa, en radiodifusión), las reglas de portabilidad numérica, la licitación de las dos cadenas nacionales de TV, hasta la vigilancia de la transición a la televisión digital terrestre que deberá culminar el 31 de diciembre de este año.
El saldo de la reforma hasta el día de hoy es positivo. Las condiciones en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión ya es otra. En telecomunicaciones entró un nuevo jugador: ATT. Las empresas Iusacell y Nextel fueron compradas por el entrante y el mercado tenderá a consolidarse entre Telefónica, Telcel y ATT. El mapa ya cambió.
En la radiodifusión también ya es otra la geografía. Hay un operador nuevo a nivel nacional en la TV abierta: Cadena Tres. Y se espera surjan más competidores a nivel regional y/o local, dependiendo de la licitación de canales que realice el IFT próximamente, resultado de la otra cadena nacional que quedó desierta.
Se puede decir que vamos en la dirección correcta. Se empieza a vislumbrar mayor competencia en el sector. Aunque falta mucho y hay temas que están en marcha como la desagregación del bucle local y la licitación de la “red compartida” en la banda de los 700 MHz. De estos temas y otros hay muchas dudas todavía. Sin embargo, insisto, vamos por buen camino en lo general.
Pero como en casi todo, hay un prietito en el arroz. Se trata de la inhabilidad, complicidad, negligencia, o ya no sé sabe cómo llamarle, del IFT para tomar una definición respecto a la prestación de servicios de televisión por parte del preponderante Telmex. Son los casos de Dish, Uno TV, y Claro Video.
Estos casos llevan dormidos en los pupitres de los comisionados del IFT, desde que éstos fueron nombrados. Cierto, son expedientes heredados de la extinta Cofetel, pero eso no exime responsabilidad alguna. Ha habido todo tipo de denuncias de estos casos, y no pasa nada. No es un asunto trivial, ni para el preponderante, ni para sus competidores.
Se necesita la definición del órgano regulador a efecto de que los participantes en el mercado tengan la seguridad jurídica de qué sí se vale y qué no se vale. La parálisis regulatoria es el peor escenario. Además los servicios se continúan prestando estando en el limbo regulatorio. Tal vez pronto ya sea necesaria la intervención de los órganos de control.
