Roberto García Requena
Ovaciones
La reforma a las telecomunicaciones está atorada por un tema que es vital para el futuro del sector: el órgano regulador. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es actualmente un órgano desconcentrado que depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo. Esta es la naturaleza jurídica con la que se le dotó desde su creación en 1996. Ahora, la discusión entre los redactores de la ley se centra en si la Cofetel debe permanecer subordinada al Ejecutivo como un desconcentrado o si se debe constituir como un órgano constitucional autónomo; tipo el IFE, INEGI o Banco de México.
En primer lugar hay que decir que en ningún país del mundo el regulador de las telecomunicaciones es ajeno al Poder Ejecutivo, por lo que la idea de formar un órgano constitucional autónomo no es acorde con las mejores prácticas Internacionales. Es cierto que aunque dependa jerárquicamente del Ejecutivo federal, la fortaleza y autonomía del regulador en el resto del mundo está garantizada a través de su independencia presupuesta, escalonamiento en el nombramiento de los comisionados que la integran, así como la inmovilidad de los mismos.
No se necesita u n órgano constitucional autónomo para garantizar autonomía a la Cofetel. Al contrario, darle esta naturaleza es justamente encausar una captura política del regulador (como ha sucedido en el IFE desde la reforma electoral de 2007). Los partidos se dividirían por cuotas los nombramientos de los comisionados del nuevo instituto. La injerencia partidista en la toma de decisiones del regulador sería el pan nuestro de cada día, contaminando por completo la visión de largo plazo para lograr un sector de telecomunicaciones dinámico y competitivo. Hay que entender que el regulador tiene una naturaleza técnica y no política.
Al parecer también se quiere crecer el número de comisionados de cinco a siete. Imaginemos a dos comisionados recibiendo línea del PRD, a otros dos del PAN, y otros tres del PRI. Una cosa más atroz no se puede. Las agendas políticas de los partidos mezcladas con la regulación de las telecomunicaciones es el absurdo más grande si en realidad se quiere establecer un marco jurídico que prometa prosperidad en el sector y bienestar para los consumidores. Además es al Estado y no a los partidos políticos a quien corresponde la rectoría sobre bienes del dominio público concesionados, como es el caso de las telecomunicaciones.
Es entendible que se quieran generar condiciones de competencia en mercados que están altamente concentrados. Quienes creen que esto se va a lograr con la creación de un órgano constitucional autónomo como regulador se equivocan. Lo que hay que hacer, y que ha demostrado éxito en todo el mundo, es conservar a la Cofetel como un desconcentrado del Ejecutivo pero dotarla de mayores facultades y con autonomía presupuestal y de gestión.
Hay que fortalecer al regulador, no entregárselo a los partidos políticos. Si esto último sucede el atorón al sector puede ser irreparable.