Roberto García Requeña
Ovaciones
La semana pasada escribía en este mismo espacio que si bien la reforma propuesta en materia de telecomunicaciones, ya aprobada en la Cámara de Diputados, tiende a mejorar las condiciones de este sector al fomentar un entorno de mayor competencia, también es cierto que contiene varios aspectos que bien pueden ser revisados y corregidos ahora que le toca el turno al Senado para su discusión. En mi pasada entrega me refería concretamente a la burrada de destinar al menos 90 MHz de espectro de la banda de 700 MHz que se liberará como resultado del apagón analógico, para que sea el Estado quien opere y administre una red compartida de telecomunicaciones. Sería el regreso al Estado interventor que no ayuda en nada a promover la competencia y a eliminar barreras de entrada al mercado. Esta situación va en contra de todo el espíritu de la reforma. Otro tema que merece la atención de los senadores es el del nacimiento de un nuevo órgano regulador. Desaparece la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como órgano desconcentrado de la administración pública y se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como un órgano constitucional autónomo. El nuevo Ifetel crece sustancialmente en funciones. Estará facultado para otorgar y renovar concesiones, así como para aplicar sanciones a los concesionarios que violenten la ley. Sin embargo, la autonomía del Ifetel está acotada pues requiere de una opinión previa del Ejecutivo federal para otorgar concesiones. Este simple hecho genera un foco de injerencia política para que el Ejecutivo pueda presionar al Ifetel en la toma de decisiones. Por otro lado, hay todo un debate acerca de la naturaleza jurídica del regulador. dPor qué crear un órgano constitucional autónomo para una actividad regulada en la economía que atañe directamente a la creación y ejecución de políticas públicas de cualquier gobierno en turno? Si se hace para las telecomunicaciones, ¿por qué no hacerlo para la minería, las carreteras, la banca, la energía, etc.? Ya en el extremo cualquier actividad concesionada a particulares debería de estar regulada por órganos constitucionales autónomos. Bastante aberrante, ¿no? Por eso la tesis de fortalecer a la Cofetel pero mantenerla como un órgano desconcentrado de la administración pública central es lo más, sensato. Al menos, lo más parecido a las mejores prácticas internacionales. Ya ni qué decir del proceso de selección para escoger a los siete comisionados con periodos de nueve años de duración en el encargo. Es tortuoso y burocrático el proceso inscrito en las reformas a la Constitución. Si para nombrar a un solo consejero del IFE, los partidos políticos en.la Cámara de Diputados no se pueden poner de acuerdo, no me quiero imaginar el polvorín para nombrar a todos los comisionados del Ifetel. Se ve imposible.
