Gerardo Soria/ El Economista
El día de ayer, el subsecretario de Telecomunicaciones, Ignacio Peralta, informó que la instalación de la red compartida que monopoliza la banda de 700MHz no comenzará en el 2014, porque todo el año se destinará a realizar estudios y a analizar aspectos de su uso y administración. Recordemos que esta banda es la más valiosa en el mundo para poder prestar servicios móviles de cuarta generación y que por decisión del Consejo Rector del Pacto por México no se licitará a los operadores privados, sino que será asignada a una empresa paraestatal operada por algún particular bajo la figura de asociación público-privada.
Hemos indicado ya en este espacio la gravedad de que el gobierno vuelva a jugar al empresario con una red subsidiada con recursos públicos y la evidente competencia desleal que enfrentarán los operadores privados que han invertido en el país. Para ponerlo en perspectiva, Jorge Fernando Negrete, de Mediatelecom, ha indicado que “por cada mes que México no explota la banda de 700MHz, el país pierde 30 millones de dólares, según el estudio ´Beneficios económicos del dividendo digital para América Latina´, elaborado por las asociaciones especializadas GSMA y Ahciet”. Es decir, el tiempo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se tomará para pensar nos costará 360 millones de dólares, cuando menos.
Lo más grave del caso, sin embargo, es que los efectos adversos a la competencia y la inversión privada que generará esta red paraestatal fueron del conocimiento de los miembros del Pacto por México. En una reciente reunión del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), que me honro en presidir, se nos Informó que a través de los mecanismos de transparencia, Telefónica obtuvo un estudio denominado Proyecto Concordia realizado por McKinsey con un costo de 6 millones de dólares, y que la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, sólo después de que fuera aprobada la reforma constitucional, publicó en su portal un documento con el título de Opciones Regulatorias para el uso Óptimo de la Banda de 700MHz en México.
Estos estudios indican claramente los riesgos que existen para los operadores privados y la competencia en el sector:
· “La introducción de un mayorista puede crear significativa incertidumbre; los agentes existentes pueden cancelar, retrasar, o reducir sus propias inversiones o, en caso extremo, aquellos agentes existentes con dificultades financieras pudieran tomar la decisión de salir permanente del mercado o enfrentar un aumento importante en sus costos de financiamiento.
· “El mayorista en sí mismo podría ejercer poder de mercado si su existencia promueve la consolidación de otros agentes o empuja a la salida de algunos, o si sus precios no son regulados adecuadamente.
· “Los pequeños agentes existentes pueden considerar mayor la amenaza de la entrada de nuevos participantes que el valor de tener una mejor posición competitiva en relación con el líder de mercado en el statu quo; en este caso, puede ser que desplieguen capacidad de red y no adquieran servicios del mayorista; esto empeoraría la situación de costos del mayorista, lo que sería traspasado a los nuevos participantes.
· “Podría incrementarse el costo de la deuda mexicana, así como para el resto de las necesidades financieras en el mercado mexicano, debido a una percepción de intrusión del gobierno en mercados privados”.
¡Más claro ni el agua! ¿Será por esto que la inversión en telecomunicaciones cayó 27% en el 2013? Otra pregunta queda en el aire: si se conocían estos gravísimos riesgos, ¿cuáles fueron los factores que llevaron al Pacto por México a aventarse un volado de esta magnitud? Conste que es pregunta.
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