El día de hoy entra en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sin embargo, aún está lejos la seguridad jurídica que toda industria necesita para generar inversiones y empleos. Después de la batalla que los partidos de izquierda afines al hombre más rico del mundo dieron en el Congreso, los medios de comunicación y las calles para mantener la tremenda concentración en la industria, aún hay voces que pretenden seguir judicializando la competencia a través de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, lo que simplemente mantendría la incertidumbre jurídica que desde la reforma de junio del 2013 nos ha costado ya 48,642 millones de pesos por inversiones privadas no concretadas; 9,944 millones por inversiones públicas no realizadas; 50,088 millones en pérdida de eficiencia por servicios caros y malos, y 8,723 millones en empleos no generados.
Los pretextos van desde la supuesta discriminación de los pueblos indígenas hasta la supuesta violación a la privacidad por la geolocalización de los teléfonos celulares cuando se está investigando un delito. No nos dejemos confundir, detrás de la retórica de algunas ONG sólo hay intereses que pretenden mantener privilegios insostenibles. ¡Vaya, hasta en China, un país declarado comunista, se regula asimétricamente al operador dominante en telecomunicaciones!
Estoy convencido de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la altura de miras suficiente para reconocer los verdaderos retos que enfrenta: modificar toda la regulación administrativa para ajustarla al nuevo mandato legal, simplificar procesos y eliminar las barreras artificiales a la competencia que establecieron las anteriores administraciones (particularmente la de Fox); concretar la desagregación efectiva de las redes de Telmex y Telcel; culminar con éxito las licitaciones de dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y de posiciones orbitales; reordenar el espectro radioeléctrico y asignar más espectro para más y mejores servicios; establecer la nueva política para el apagón analógico y, por supuesto, cumplir y hacer cumplir la ley y sus resoluciones en materia de preponderancia.
Todo lo anterior es esencial, pero me gustaría llamar su atención, estimado lector, respecto de un tema que indudablemente causará conflictos a partir del 1 de enero del 2016: el apagón de la televisión abierta analógica. En un abierto engaño, Juan Molinar Horcasitas y Mony de Swaan hicieron creer a los integrantes del Pacto por México que la televisión analógica tenía que apagarse a más tardar el 31 de diciembre del 2015 para despejar la banda de 700 MHz, que hoy es la mejor para el despliegue de banda ancha móvil. Digo que fue un engaño porque en México, a diferencia de otros países, sólo en algunas ciudades de la frontera norte operan estaciones de televisión en esa banda; el resto del país estaba y está despejado, por lo que la fecha fatal del 31 de diciembre del 2015 responde más a un capricho que a una necesidad real. Digo que habrá conflictos a partir del 1 de enero del 2016 porque la nueva ley establece que el apagón se dará a más tardar el 31 de diciembre del 2015, una vez que se alcance una penetración de 90% en televisores o convertidores digitales en hogares de bajos recursos afiliados a los programas de Sedesol. Ojo, 90% de los hogares afiliados a Sedesol es un número muy inferior a 90% de la totalidad de los hogares que hoy cuentan con televisión; un servicio que, por cierto, la Constitución considera un derecho humano. Así las cosas, y a pesar de la campaña informativa que atinadamente está llevando a cabo el IFT, el 1 de enero del 2016 habrá millones de hogares que de la noche a la mañana se quedarán sin poder ver la televisión. Ojalá me equivoque, pero la realidad se impondrá sobre los caprichos de los políticos.
