Gerardo Soria/ El Economista
Desde los foros de consulta que organizó el Senado de la República para analizar la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, destacamos como uno de los aspectos más controvertidos el regreso del gobierno como operador de servicios de telecomunicaciones, concretamente con la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE Telecom) y la supuesta red compartida que monopolizará la banda de 700 MHz.
Desafortunadamente, nuestra preocupación se está convirtiendo en realidad: CFE Telecom ha sido adjudicataria de contratos para servicios de telecomunicaciones por parte de muchas entidades gubernamentales, sin dar a los operadores privados la posibilidad de participar en licitaciones públicas que garanticen el mejor precio y calidad. Es cierto que la ley de adquisiciones lo permite, pero no por ello esta actuación del gobierno federal es legal ni legítima. El principio subyacente en la reforma es el fomento a la competencia y a la pluralidad de operadores y de servicios. Cualquier acto gubernamental que viole este principio, en mi opinión, es inconstitucional.
En México conocemos bien lo que implica un gobierno jugando al empresario: precios caros, servicios deficientes y subsidios del erario público, que en última instancia es transferencia de riqueza de los que pagamos impuestos a un grupo de burócratas que se sirven con la cuchara grande. Los que vivimos la época de Telmex como empresa paraestatal recordamos muy bien que era prácticamente imposible conseguir una línea telefónica si no se tenían contactos o sin sobornar a los empleados de la empresa. En nuestra ingenuidad, pensamos que esos tiempos habían quedado sólo como un mal recuerdo, pero parece que no.
La asignación de contratos públicos a CFE Telecom implica desplazar a los operadores privados de cualquier posibilidad de prestar servicios a las entidades públicas, lo que constituye una barrera absoluta a la competencia por ese mercado y una competencia desleal en la prestación de servicios a otros sectores. CFE Telecom puede fácilmente cobrar caro a las entidades públicas (total, lo pagamos usted y yo) y ofrecer precios por debajo de costo a operadores o empresas a las que se quiera consentir.
Peor aún, en lo oscurito, como siempre, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están negociando que los derechos por el uso del espectro por parte de la red compartida en la banda de 700 MHz (que en todo el mundo es la más cara) sean sustancialmente inferiores a los que deberán pagar las empresas en competencia, lo que sin duda constituiría una competencia desleal. El problema es que a los genios que diseñaron la supuesta red compartida no les salen los números si aplican a la banda de 700 MHz su valor de mercado y eso que Mony de Swaan pagó 100 millones de pesos por menos de 100 páginas que dicen que ese es el mejor modelo, aunque no exista en ningún lugar del mundo. Peor aún, si de verdad se construye y opera esa red en coinversión con particulares, implicaría de inmediato una transferencia de riqueza del erario público al inversionista privado. ¿Quién será el bendecido?
Para acabarla de amolar, empiezan a surgir voces que piden que Telmex transfiera al gobierno todas sus obligaciones de cobertura social, de tal manera que el costo de dichas obligaciones lo paguemos usted y yo. Total, lo que es de todos es de nadie.
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