Gerardo Soria/ El Economista
E1 pasado lunes, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, explicó detalladamente cómo se generarán los 700,000 millones de pesos que se esperan invertir durante este sexenio en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Llamó la atención el hecho de que el Estado aportará aproximadamente 10% de la inversión total y el resto sería aportado por la Iniciativa Privada, tanto nacional como extranjera.
Uno de los rubros más importantes de este programa de inversiones es la instalación y operación de una red troncal de fibra óptica y una red compartida que explotará la banda de 700 MHz para servicios de banda ancha móvil. Estas redes no serán independientes; en realidad, constituirán una nueva gran red de telecomunicaciones que será instalada y controlada por el gobierno federal. Es precisamente este punto el que ha creado inquietud en la industria.
Si bien es cierto que la instalación y operación de esta red (que al monopolizar el espectro en la banda de 700 MHz en automático se convertirá en un nuevo operador dominante) se hará mediante la figura de Asociación Público-Privada, también lo es que no por ello dejará de ser una red estatal sujeta al control y operación del gobierno.
La figura de Asociación Público-Privada implica un convenio entre algún órgano del Estado y uno o más particulares, mediante el cual los particulares se obligan a suministrar bienes y servicios al Estado para la creación de infraestructura o la prestación de un servicio público, siempre bajo la dirección y supervisión del Estado, y al término del cual todos los activos y la operación serán asumidos directamente por el propio Estado, es decir, en ningún momento se podrá considerar a esta red estatal como un operador privado en un mercado en competencia.
Por experiencia, sabemos que el Estado no es un buen gestor de empresas y que muchas veces sus decisiones -que pueden tener un efecto determinante en el mercado- no siempre son tomadas con base en criterios de eficiencia y competitividad empresarial, sino con criterios políticos o de preferencias para ciertos actores sociales.
Aún quedan muchas preguntas por ser contestadas, pero es un hecho que el gobierno federal instalará y operará esta nueva red en virtud de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Algo de esperanza genera el hecho de que la nueva red estatal no podrá vender sus ser vicios al usuario final, sino que operará como un carrier de carriers, lo cual matizará sus posibles distorsiones del mercado. Sin embargo, aún está por verse lo que debemos entender por red compartida. ¿Los operadores privados tendrán participación en la gestión de la empresa o sólo tendrán el derecho de arrendar capacidad para revenderla al usuario final? ¿Cómo se fijarán los precios de este arrendamiento de capacidad? ¿Estos precios estarán basados en el costo incremental promedio de largo plazo, como mandan los compromisos internacionales suscritos por México, o se basarán en un modelo de costos distinto que permita al o los inversionistas privados de la APP recuperar sus inversiones más utilidades en un plazo atractivo?
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