El viernes pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se reunió con organizaciones que dicen representar a las radios comunitarias e indígenas. Si bien es cierto que algunas estaciones de radio cumplen una función legítima en sus comunidades y operan al amparo de permisos otorgados conforme a la Ley Federal de Radio y Televisión anterior, la gran mayoría de las autodenominadas radios “comunitarias” e “indígenas” explotan el espectro radioeléctrico de la Nación sin contar con concesión o permiso alguno, y, lo que es más grave, violan el derecho de las audiencias a información plural y veraz consagrado en el Artículo 6° de la Constitución.
Muchas de estas estaciones, que se disfrazan de la madre Teresa de Calcuta, en realidad tienen claros propósitos de propaganda política, particularmente de la más radical. No es casual que la mayoría opere en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas y varias se identifiquen con los pseudomaestros de la CNTE o con municipios controlados por el PRD. Como siempre pasa con los radicales mesiánicos, exigen pluralidad y veracidad en “los bueyes de mi compadre,” pero cuando de promover su ideología se trata no hay pluralidad o veracidad que valga. Tan es así que usan los mismos mecanismos de presión que tantos frutos les han dado de gobiernos pusilánimes, como el de Gabino Cué en Oaxaca. En un hecho inusitado, los angelitos han llegado a hacer plantones en Insurgentes frente a las oficinas del IFT y, por lo visto, les ha funcionado.
Un ejemplo claro de la vocación propagandística de la mayoría de las supuestas radios “comunitarias” e “indígenas” son las absurdas controversias constitucionales que han promovido por lo menos 12 municipios perredistas de Oaxaca. Y digo que son absurdas porque las controversias constitucionales sólo proceden cuando algún poder o nivel de gobierno invade la esfera de atribuciones de otro poder o nivel de gobierno, y éste no es el caso porque simple y llanamente los municipios no tienen atribución alguna en materia de telecomunicaciones, radio o televisión. Saben que van a perder pero la idea es hacer ruido para vestir de causa social lo que es un afán de control político.
Los perredistas pretenden ampliar su base social de apoyo a través de consignas populistas y se cuelgan de la supuesta discriminación a las radios comunitarias e indígenas en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por supuesto que hay discriminación, pero a favor de este tipo de concesionarias de uso social. El uso del espectro radioeléctrico se les regala a cambio de simples promesas, por lo que es absolutamente lógico que el IFT supervise que estas promesas están siendo cumplidas y la concesión no se utiliza para propósitos como la propaganda política.
La propaganda política no es ilícita, pero está estrictamente regulada por la legislación en materia electoral. La violación de la ley en esta materia y eventuales decisiones “políticamente correctas” del IFT pueden dañar gravemente a la democracia mexicana.
A quien más daño hacen estos colectivos ideológicos es a las radios comunitarias e indígenas que son reconocidas y fomentadas por la Constitución y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que de buena fe pretenden coadyuvar al desarrollo de sus comunidades.