El lunes pasado, senadores de los cuatro principales partidos políticos: PRI, PAN, PRD y PVEM, indicaron que el proyecto de reglas que el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe aprobar viola el derecho de los usuarios del servicio de telefonía a cambiar de operador en 24 horas llevándose su número telefónico. Aun cuando han sido ya varias las pifias del IFT -todas ellas en beneficio del operador preponderante en telecomunicaciones, América Móvil (AMX)-, ésta es la que más escozor ha causado entre los legisladores encargados de supervisar la actuación de los comisionados del Instituto, seguramente porque afecta uno de los derechos más claros y tangibles que en beneficio de los usuarios se establecieron en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
El IFT, al declarar preponderante a AMX, le permitió seguir discriminando en precio entre llamadas dirigidas a usuarios dentro de su propia red y llamadas dirigidas a usuarios de otras redes, lo que en la práctica mantuvo los privilegios del preponderante y no hubo mejora alguna en las condiciones de competencia ni, por supuesto, disminución de tarifas en beneficio de los usuarios. El Congreso de la Unión tuvo que corregirles la plana y prohibir de tajo esa perniciosa práctica, y a menos de dos meses de la prohibición, la competencia se ha incrementado y los precios han bajado. Lo mismo pasa con las consultas públicas para (i) aprobar la oferta de referencia de la infraestructura desagregada de AMX, para (ii) determinar los mercados relevantes que deben ser analizados por el IFT en términos del artículo 39 transitorio de la LFTR o para (iii) la desincorporación de activos de AMX. El Congreso de la Unión y la LFTR han sido muy claros pero a alguien en el IFT le conviene inventar interpretaciones barrocas como el derecho adquirido de AMX a la no consulta pública sobre la venta de sus activos, a pesar de que está expresamente prevista en la Ley Federal de Competencia Económica, de aplicación supletoria.
Bajo esa misma lógica, la Unidad de Política Regulatoria del IFT elaboró el proyecto de reglas para que el usuario pudiera portar su número telefónico a otros operadores: accediendo a la mayoría de las peticiones de AMX. En lugar de eliminar los “requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica” y “garantizar una portabilidad efectiva y que la misma se realice en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número respectivo” -como a la letra establece el artículo 38 transitorio de la LFTR-, el IFT pretende postergar por 90 días más este derecho y exigir requisitos adicionales a los que se establecían en la regulación anterior. Curiosamente, los 90 días solicitados por Telcel y tan generosamente otorgados por el IFT coinciden con la época navideña y la puesta en el mercado de los equipos más novedosos con ofertas agresivas por parte de los competidores. Alguien quiere tener a los clientes cautivos mientras pasa la temporada decembrina y la fiesta de los Reyes Magos.
La gran mayoría de las resoluciones del IFT que han permitido a AMX mantener sus privilegios, incluyendo las polémicas reglas de portabilidad, han salido de la oficina de Luis Lucatero, jefe de la Unidad de Política Regulatoria y socio de Mony de Swaan en el proyecto de la red de 700 MHz. En el Instituto hay funcionarios públicos de carrera, comprometidos con la industria y con México, pero también hay algunos advenedizos que llegaron con De Swaan y lo acompañaron en sus tropelías. Uno de ellos es Lucatero. Para probar el vínculo, se cuenta que en la oficina de un ministro de la Suprema Corte, Francisco Gil Díaz, de Telefónica se encontró a Mony de Swaan representando a la Cofetel y a su amigo, abogado y casero, Peter Bauer, representando a Telcel en un amparo sobre interconexión. Así o más claro.
