Gerardo Soria
El Economista
Después del escándalo que generó hace meses la asignación de contratos por parte del Presidente de Cofetel a sus llamados “amigos”, incluyendo a Peter Bauer y Pablo Héctor Ojeda, hoy por hoy la evidencia sigue apuntando contra Mony de Swaan. En efecto, en un principio se dijo que además de la asignación de contratos a Pablo Héctor Ojeda por 1 millón 229,600 pesos y a Asesoría Estrategia Total, SC, de Bauer por 1 millón 670,400 pesos, Mony de Swaan había estado presionando a diversas empresas del sector para que contrataran los servicios de sus amigos.
En diciembre del 2011, el cisne se defendió manifestando que los operadores le habían pedido una recomendación y que él se limitó a responder cortésmente a dicha solicitud, recomendando a sus amigos. Asimismo, negó que hubiera cualquier conflicto de intereses, pues Bauer y Ojeda no llevaban asuntos oficiales ante la Cofetel. Hoy, el portal de información del Consejo de la Judicatura Federal indica lo contrario, pues el licenciado Ojeda, con cédula profesional 1894472, fue autorizado el 28 de agosto del 2012, nada más y nada menos que en el juicio de amparo presentado por MVS en contra del rescate de la banda de 2.5 GHz. ¿Será que nuevamente los concesionarios solicitaron recomendaciones a De Swaan? ¿Será que el Presidente de la Cofetel no tuvo más opción que recomendar a sus propios proveedores de servicios de asesoría y consultoría especializada en materia jurídica para que sirvan también a la industria? Supongo que la asesoría del señor Ojeda debe ser muy valiosa, pues al menos la Cofetel le pagó más de 1 millón de pesos por un solo mes de trabajo, pero la pregunta que queda en el aire es si el proveedor de la Cofetel estará defendiendo los intereses de MVS, los de la Cofetel o los de Mony.
Existe una Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que precisamente tiene como objeto principal evitar esta clase de prácticas “amistosas” y proteger en la medida de lo posible el presupuesto del Estado para que se administre de la manera más eficiente. De acuerdo con los artículos 26, 40, 41 y 42 de esta ley, la regla general para la adquisición de bienes y servicios obliga a las autoridades a convocar a procedimientos de licitación, que permiten una evaluación más justa y criterios homogéneos para la asignación de contratos. Solamente bajo supuestos de excepción, debidamente justificados y fundados, y por debajo de ciertos montos máximos, las autoridades pueden optar por procedimientos más discrecionales como la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa.
En el caso de la Cofetel, las adquisiciones operan al revés y las adjudicaciones directas se reparten indiscriminadamente como regalos, lo que inevitablemente nos lleva a pensar que el Presidente podría estar haciendo amigos nuevos. Así se puede confirmar con una revisión general del portal de transparencia de dicha autoridad, que al 25 de septiembre del 2012 reporta 114 registros de licitaciones públicas nacionales, 17 registros de licitaciones públicas internacionales, 44 registros de invitaciones a cuando menos tres personas y 1,012 registros de adjudicaciones directas que alcanzan hasta los 60 millones de pesos, las más altas. Es así como en la Cofetel, la regla general es la adjudicación directa y solamente en contadas excepciones, cuando la ocasión lo amerita, se licitan abiertamente los servicios o bienes a contratar.
Cabe destacar que, desde luego, muchas de estas adjudicaciones directas superan los montos máximos a que se refiere el artículo 42 de la ley e incluso los umbrales establecidos en los tratados internacionales de libre comercio, que marcan el límite a partir del cual las adquisiciones deben realizarse bajo la cobertura de los mismos, permitiendo la participación extranjera. Lo más preocupante es que, como es bien sabido, la Cofetel no ha cumplido debidamente con sus obligaciones de transparencia, por lo que podría haber más información para analizar a la que no tenemos acceso.
Independientemente de las excepciones y justificaciones que al respecto emita el presidente De Swaan, la realidad es que su reputación y credibilidad disminuye drásticamente día con día. Los números y los datos no le favorecen, y sus explicaciones no llegan a convencer. Lo peor es que se trata nada más y nada menos que de la cuenta pública, conformada con el dinero de los contribuyentes y que debería destinarse para la prestación de un servicio público eficiente y para la mejora del sector de telecomunicaciones, con base en una regulación adecuada. Por el contrario, todo apunta a que este servidor público ha olvidado la naturaleza y la responsabilidad que conlleva su cargo y ha permitido que el presupuesto de la Cofetel, que viene del bolsillo del pueblo, termine en el bolsillo de sus amigos.
