Gerardo Soria/ El Economista
La semana pasada comenté con usted los graves riesgos para la competencia y las finanzas públicas que representa el monopolio estatal de la banda de 700 MHz, detectados por el Proyecto Concordia de McKinsey y las “Opciones regulatorias para el uso óptimo de la banda de 700 MHz en México” de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Pues bien, ya que el Proyecto Concordia se coló en la Constitución, puede usted válidamente suponer que los documentos de McKinsey y de la Cofetel ponen un mayor énfasis en los supuestos beneficios de este nuevo monopolio estatal que en sus riesgos, y tiene razón. Sin embargo, por haberse negociado en lo oscurito, al amparo del desahuciado Pacto por México, la industria no tuvo la oportunidad de controvertir con argumentos y números duros los supuestos beneficios del Proyecto Concordia.
Ante esta situación, y con la esperanza de que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión corrija el rumbo, circula en la industria un documento denominado “Réplica a la iniciativa de construir una red mayorista en 700 MHz por parte del gobierno mexicano” , que con argumentos sólidos, números duros y la experiencia de campo de operadores de talla internacional, desmiente, uno por uno, los supuestos beneficios de esta ocurrencia de Mony de Swaan, e indica la magnitud del daño que esta intervención del gobierno como operador de telecomunicaciones causará a la competencia y la inversión en el sector. De concretarse en la práctica el Proyecto Concordia, la reforma en telecomunicaciones pondrá a la industria de nuevo en los años 70 del siglo pasado. Estoy seguro de que ésta no fue la intención del Presidente de la República ni de los partidos que integraron el Pacto por México, por lo que vale la pena hacer del conocimiento público los principales aspectos de la réplica de la industria.
Por razones de espacio, en futuras entregas iré compartiendo con usted los falaces argumentos de McKinsey y la Cofetel, en contraste con la réplica de la industria, para que pueda usted formarse una opinión (privilegio del que no gozaron ni el Presidente de la República ni el Pacto por México, y mucho menos los legisladores que aprobaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones). Por ahora, dos muestras de los efectos indeseables del Proyecto Concordia:
(i) La semana pasada, JohnDonoghue, presidente de National Fiber Networks de México, refirió que la red compartida en 700 MHz beneficiará a las empresas (bancos y otras industrias) porque podrán adquirir capacidad directamente de la red compartida y no ya de terceros (es decir, de los actuales operadores privados), lo cual implica un desplazamiento ilegítimo de los operadores privados, si tomamos en cuenta que la supuesta red compartida operará con subsidios públicos.
ii) Ayer, tanto Alejandro Cantú, de América Móvil, como Eduardo Ruiz Esparza, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, aseveraron que para el 2015 el sector requiere de 1,300 MHz en el mercado para cumplir con la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Al día de hoy, entre todos los operadores sólo tienen 243 MHz, lo que es 19% de lo recomendado por la UIT. La falta de licitaciones de espectro ha tenido como consecuencia una grave saturación de las redes y una evidente disminución en la calidad de los servicios. Ante este escenario, el monopolio estatal de la banda de 700 MHz sólo empeora la situación.
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