Durante los últimos meses y como consecuencia de la batalla entre empresas que pretendían mantener sus privilegios y partidos políticos que se vendían al mejor postor -todos ellos, por supuesto, acompañados por grupúsculos autodesignados como representantes de la sociedad civil y la bondad humana-, las pláticas de sobremesa con amigos y familiares incluyeron un tema entonces de moda: preponderancia o dominancia, por sectores o por servicios; Telmex y Telcel o Televisa. Al calor de las ideologías, las filias y las fobias, nadie parecía entender en realidad cuál era el problema que la reforma en telecomunicaciones impulsada por el presidente Peña Nieto pretendía resolver.
Desafortunadamente, esta misma semana la terca realidad nos presentó un ejemplo de las prácticas monopólicas que tanto daño hacen a una economía abierta de libre mercado, y que, por tanto, deben ser corregidas desde la autoridad del Estado. Aquellos que usamos las carreteras y las vías urbanas de cuota fuimos sorprendidos por desacuerdos entre las empresas que prestan el servicio de cobro electrónico de peajes. En un negocio que creció sin regulación alguna, las empresas llegaban a acuerdos con las concesionarias u operadoras de vías de cuota, incluyendo a Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe), y si uno quería utilizar determinada vía tenía que traer el Tag de la empresa en cuestión y no podía utilizar el de otra. Así, aquel que tenía el contrato con la concesionaria u operadora más grande -sin duda Capufe- dominaba el mercado y las demás empresas tenían muy pocas posibilidades de competir y debían conformarse con los ingresos que generaban sus propias carreteras. Este statu quo no había causado problemas porque los que debían ser competidores entre sí en realidad se habían distribuido el mercado y nadie competía con nadie.
Esto cambió en las últimas semanas cuando Capufe asignó el contrato para el cobro electrónico de peajes a Telepeaje Dinámico, quitándoselo a I+D, la empresa del ingeniero Slim que opera como IAVE. Inmediatamente, la gran mayoría de los usuarios del sistema de cobro electrónico de peajes dejaron de recibir el servicio y, por tanto, tuvieron que sufrir los inconvenientes de tener que pagar con efectivo o simplemente no transitar por esa carretera. La prensa escrita menciona que el problema de fondo es la falta de acuerdo entre I+D y las demás empresas de cobro electrónico respecto de la tarifa por facturación y cobranza. Según se dio a conocer, las más pequeñas han acordado 1 peso por cada cruce, mientras I+D exige 2.70 por cruce. ¿Por qué esta diferencia si los costos son prácticamente los mismos? Muy sencillo, I+D tiene cautivos a la mayoría de los clientes y se puede dar el lujo de no compartir su base de datos y su infraestructura.
Evidentemente, resulta absurdo que cada uno de los competidores ponga en todas las carreteras sus propios lectores de Tags. Es un desperdicio injustificable de recursos que simplemente encarecería los precios al usuario. Por ello, todas las empresas, pero particularmente la dominante IAVE, deben compartir su infraestructura a precios razonables, de tal manera que todos los usuarios, independientemente del Tag que hayan contratado, puedan usar todas las carreteras y vías de cuota del país.
Si esto pasa en un mercado no regulado donde la infraestructura es un recurso importante pero no insustituible, imagínese usted lo que ha sido hasta ahora la competencia entre redes de telecomunicaciones que necesariamente tienen que interactuar entre sí y donde América Móvil -también del ingeniero Slim- detenta entre 70 y 80% del mercado. Por esto la reforma; por esto la preponderancia y su regulación asimétrica; por esto la desagregación de las redes de Telmex y Telcel y la compartición de su infraestructura.
