Gerardo Soria/ El Economista
La semana pasada me referí a la réplica de la industria respecto del Proyecto Concordia de Mony De Swaan y McKinsey, que fue utilizado como sustento teórico del monopolio de la banda de 700 MHz por parte del gobierno. Indiqué que el plan de negocios en el que se pretende basar esta red paraestatal considera exclusivamente el mercado urbano, el cual ya es atendido por los cinco operadores privados y requiere no pagar derecho o aprovechamiento alguno por el espectro radioeléctrico para ser financieramente viable.
Es decir, en contra de lo declarado por los promotores de este proyecto (Mony De Swaan y algunos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones -Ifetel- leales a De Swaan, en especial Luis Lucatero, aún jefe de la Unidad de Prospectiva y Regulación), la red compartida no pretende atender zonas rurales ni llevar servicios de banda ancha a localidades no atendidas por las empresas privadas. Por el contrario, pretende instalar su infraestructura en áreas ya atendidas por Telcel, Telefónica Movistar, Iusacell, Unefon y Nextel, lo que puede dar lugar a graves distorsiones de mercado, dada la magnitud del subsidio público con que se pretende desarrollar y operar esta red, además de que distraerá recursos fundamentales para alcanzar las metas de penetración de los servicios de banda ancha establecidas en la reciente reforma en telecomunicaciones.
Peor aún, la reforma no permite la participación de los actuales operadores en la nueva red y los obliga a vender sus servicios al mayoreo al mismo precio al que los compren de la red paraestatal. Esto implica que para ser cliente de la red “compartida” se deben tener los mismos costos que ésta y aceptar ser regulado como un agente con poder sustancial en el mercado, ya que el operador existente tendría que vender de la misma forma y al mismo precio que la red paraestatal. Se podría llegar al absurdo de que para poder comprar servicios de ésta, el operador existente tendría que vender los servicios de su red por debajo de sus propios costos, que sin duda serán mayores que los de la red paraestatal dado el subsidio público y la exención al pago de derechos y aprovechamientos.
Además, la reforma obliga al gobierno y al Ifetel a garantizar la instalación y operación de la red paraestatal, lo cual genera incertidumbre en el sector, puesto que el Estado se verá obligado a rentabilizar su inversión y, al contar con la palanca regulatoria, siempre podrá forzar la rentabilidad de la red paraestatal en detrimento del sector privado. En este caso, el Estado se convertirá en un agente privilegiado del mercado sin una regulación efectiva homogénea al resto de la competencia.
Si el Proyecto Concordia se concreta y el Estado llegara a asignar los 90 MHz de la banda de 700 MHz (la totalidad de la banda) a la red paraestatal, se estaría quitando al resto de los operadores un recurso esencial para poder hacer frente a las necesidades de sus clientes. Lo anterior es más crítico para los operadores que no son agentes preponderantes, pues ninguno de ellos tiene espectro suficiente debajo de 1 GHz a nivel nacional para poder competir en condiciones de igualdad con el agente preponderante.
La réplica de la industria va aún más a fondo de lo que he podido compartir con usted en las últimas entregas, por lo que continuaré informándole en mis próximos artículos.
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