Como consecuencia del retraso de los partidos políticos en la dictaminación y aprobación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió postergar el proceso de licitación de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta. Aunque difícil, la decisión me parece correcta. Nadie en su sano juicio puede hacer un plan de negocios sin conocer los derechos y obligaciones que asumirá junto con la concesión, sobre todo ante las veleidades y caprichos de los partidos políticos, particularmente del PRD y de la facción del PAN identificada con el senador Javier Corral.
¿Qué empresario va a invertir en televisión abierta, si con cualquier pretexto el PRD exige que se transmitan gratuitamente, en horario estelar y violando toda la legislación vigente, su demagogia ramplona y sus afanes de reflector? ¿Qué banco internacional va a financiar a las empresas de televisión por cable o a los productores de contenidos si Corral y los suyos insisten en obligar a la televisión de paga (que no explota bienes de la nación) a regalar minutos para que los partidos nos atasquen con su propaganda? ¿Qué asesor financiero puede calcular el valor del mercado en el que su cliente va a competir si el PRD y Corral quieren que las radios comunitarias, sin fines de lucro, lucren con el espectro radioeléctrico que el Estado les regaló y por tanto, compitan ventajosamente por el mercado publicitario? ¿Qué inversionista extranjero va a invertir para tener en cinco años la mitad de la audiencia que Telmex podrá tener de un plumazo?
A nuestra clase política se le llena la boca con la grandilocuente censura que no existe; con la defensa de una supuesta sociedad civil que en un país de 120 millones de habitantes junta a 3,000 manifestantes frente a Televisa solicitando libertad a presos políticos (¡WTF!); con la irreal marginación de las mujeres y las niñas a las que las malvadas empresas les cobran más que a los hombres por cada llamada; con el tremendo poder del duopolio que en colusión con el presidente de la República organizaron el Mundial justo en la fecha en que ellos tienen que salvar a la patria y con el abierto descaro del sonoro silencio sobre el monopolio del ingeniero Slim.
Para el PRD y Corral la televisión abierta debe ser un escaparate para sus carreras políticas y no un negocio. Ante este escenario, me parece muy difícil que la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta pueda tener éxito.
Aunado a la sinrazón de los políticos, también desincentiva la inversión la impunidad que goza América Móvil. A pesar de estar suficientemente documentada su simulación para prestar servicios de televisión a través de Dish, aun cuando está prohibido en su título de concesión, el IFT no se anima a hacer cumplir la ley. Entiendo el temor y no me gustaría estar en sus zapatos, pero sólo cumpliéndola se puede demostrar a los inversionistas que el Estado mexicano es más fuerte que el segundo hombre más rico del mundo. Pero América Móvil no sólo presta servicios expresamente prohibidos, también violó su título de concesión, al escindir la red pública de telecomunicaciones de Telmex para sustraerla de la competencia del IFT e impedir la desagregación de la red local establecida en la Constitución.
En este escenario, es lógico que la inversión decrezca. Mientras los partidos no dejen de mirarse el ombligo y empiecen a ver hacia el horizonte, México mantendrá su mediocre crecimiento económico y la descomposición social será mayor.