Gerardo Soria/ El Economista
El lunes pasado, El Economista publicó en primera plana un reportaje sobre el trabajo que realiza Mony de Swaan, ex Presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, para algunas empresas del sector, concretamente para el operador móvil virtual Virgin Mobile, del británico Richard Branson, y para el fondo de inversión Tresalia, de María Asunción Aramburuzabala. Nada mal para un funcionario público que hace tres años no sabía nada de telecomunicaciones.
Más allá de la violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que le impide trabajar para sus ex regulados durante un año (él, que siempre criticó a aquéllos que hemos optado por representar los intereses de las empresas del sector), y de la posible comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público por utilizar información a la que tuvo acceso en virtud de su cargo, el reportaje de El Economista hace preguntarnos si De Swaan engañó al Consejo Rector del Pacto por México, del que forma parte su mentor y amigo Juan Molinar Horcasitas, para que se incorporara a la Constitución la nueva red estatal que monopolizará las frecuencias de 700 MHz, parte del espectro en 2.5 GHz y la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad, en un experimento que no se ha llevado a cabo en ningún país del mundo (creo que Kenia lo intentó, pero la realidad lo obligó a corregir el rumbo).
De manera retórica y demagógica, se ha pretendido vender la idea de esta red paraestatal como la única manera de fomentar la Inversión en infraestructura de banda ancha que tanto requiere el país. El problema es que el dinero para su construcción y operación tiene que salir de algún lado y necesariamente se necesitarán subsidios públicos. En las últimas semanas, como consecuencia de la negociación del paquete hacendario, se desató el debate sobre la contraprestación que esta empresa paraestatal debería pagar al Estado por el uso y explotación del espectro radioeléctrico. Algunos legisladores de izquierda junto con socios de De Swaan pretendían que esta red no pagara contraprestación alguna, lo que de inmediato implicaba una transferencia de recursos del erario público a los socios privados de la paraestatal y a sus eventuales clientes. Casi de pizarrón: Rosa Luxemburgo v Noam Chomsky hubieran detectado de inmediato el subsidio público para ganancias privadas.
Pero Mony de Swaan es un hábil encantador de serpientes y nuestra clase política no se caracteriza por su sutileza y profundidad de análisis a la hora de tomar decisiones. Ahora, con el engendro en la Constitución, Mony de Swaan vende a sus clientes las ventajas de comprar servicios a una red subsidiada, en detrimento de los operadores privados que sí han invertido en infraestructura. Dudo mucho que Sir Richard meta un centavo en las sierras de Oaxaca o Guerrero, pero sí lo veo colgándose del bebé del Pacto por México en Polanco y Santa Fe. Peor aún, en el documento en poder de El Economista, De Swaan, de manera explícita, ofrece sus servicios para la redacción de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones en beneficio de sus clientes. ¿Será que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo contrató para este fin y pretende cobrar por los dos lados, o simplemente cuenta con la ayuda de Molinar Horcasitas?
Ahora que empieza a salir a la luz la punta del iceberg, sería muy conveniente que el Instituto Federal de Telecomunicaciones empiece a ejercer su autonomía respecto del pasado y ponga especial atención en Luis Lucatero y otros infiltrados de De Swaan en ese instituto. ¡Ah! Y de paso también valdría la pena que platicaran con sus pares de la Federal Communications Commission de Estados Unidos, para ver qué opinan sobre la adopción por parte de De Swaan y compañía del estándar asiático para la red de 700 MHz. Seguramente se sorprenderán. ,
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