Gerardo Soria/ El Economista
A raíz de la aprobación de la Ley Federal de Derechos, en los últimos días han salido a relucir las contradicciones internas de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
La reforma sin lugar a dudas es contradictoria: por un lado contiene los principios básicos que permitirán fomentar la competencia y reducir las prácticas anticompetitivas de los operadores preponderantes, y por el otro incorpora figuras propias de una economía centralmente planificada, como es la creación de un monopolio estatal en la banda de 700 MHz (al que algunos pretenden adjudicarle también 130 MHz en la banda de 2.5 GHz) más la red troncal de fibra óptica actualmente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.
Para que se dé usted cuenta del tamaño de este despropósito, los operadores privados tienen alrededor de 60 MHz cada uno para atender a los casi noventa millones de usuarios de telefonía móvil. A su vez, el monopolio estatal contaría con 90 MHz en la banda de 700 MHz y 130 MHz en la banda de 2.5 GHz. Sumadas ambas bandas, el nuevo operador estatal tendría 220 MHz en las mejores bandas para servicios de Internet móvil, es decir casi cuatro veces más espectro que cualquiera de los operadores privados.
Las negociaciones en el Congreso de la Unión sobre los derechos aplicables a estas bandas han desenmascarado las verdaderas intenciones de los creadores de este engendro al amparo del Consejo Rector del Pacto por México. En la iniciativa del Presidente de la República se establecían derechos por el uso de este espectro ligeramente superiores a su valor de mercado internacional. Después, algunos diputados del PRD, de la mano con Luis Lucatero, funcionario de segundo nivel del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), pretendieron de último momento modificar la iniciativa para disminuir las contraprestaciones, otorgando a la banda de 700 MHz un descuento del 96% y a la de 2.5 GHz uno de 56%. A pesar de los esfuerzos de Lucatero y sus socios, el regalo no fue aprobado. Ya para terminar, en el Senado se resolvió determinar los derechos una vez que se conozcan los planes para la construcción y operación del monopolio estatal.
Los mismos que estaban muy contentos con el regalo de este espectro, ahora se rasgan la vestiduras y pretenden que el Ifetel interponga una controversia constitucional para que sea éste el que determine el monto a pagar por el uso de estas bandas. Es evidente que Lucatero trabaja en un proyecto personal que no es el del Ifetel sino el de Mony de Swaan, que hábilmente introdujo la idea del monopolio estatal en la mesa de negociaciones del Pacto. Pero, ¿por qué tanta vehemencia? Muy simple: si se cobra al nuevo monopolio el valor de mercado del espectro los números no dan y el fracaso sería monumental.
Pero ahí no queda la cosa, los operadores privados ya pagan derechos altos por el uso de las bandas de 800 MHz, 1700 MHz y 1900 MHz. Si la reforma pretende promover la competencia ¿por qué el monopolio estatal estaría exento del pago por el uso del espectro? ¿De qué manera puede haber un entorno competitivo cuando el elefante blanco del gobierno nacería con subsidios inmensos?
Es cierto que toda la industria y expertos internacionales se han manifestado en contra de la creación de este engendro burocrático. Afortunadamente, la comisionada María Elena Estavillo tiene claro el panorama y ha manifestado que el Ifetel regulará por igual a todos los concesionarios, ya sean públicos o privados, de tal manera que el monopolio estatal no distorsione el mercado. Esperemos que así sea.
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