Gerardo Soria
El pasado lunes, el presidente Peña Nieto anunció el más importante programa de inversión en infraestructura de transportes y comunicaciones de las últimas décadas. La meta de cuatro billones de pesos en el sector en sin duda ambiciosa pero se ve seria y sustentada, tan es así que la reacción de la industria y los inversionistas no se ha dejado esperar y permite mirar al futuro con optimismo.
Este gobierno ha logrado reformas y comprometido inversiones que no hace mucho parecían imposibles, pero es tanto lo que hay que cambiar que es natural que se hayan colado errores que pueden afectar los muy loables objetivos de las reformas.
En el programa de inversión se prevé destinar a las telecomunicaciones 700 mil millones de pesos, de los cuales 39 mil millones servirán para la instalación de la red compartida de banda ancha en las frecuencias de 700 MHz; cifra muy por debajo de los 10 mil millones de dólares que los especialistas consideran necesarios para desplegar una red tan ambiciosa. Es cierto que se pretende desplegar la red mediante asociaciones público-privadas y que parte de los recursos será aportada por inversionistas privados, pero aún falta saber cómo y quiénes harán tales inversiones.
Desde los foros de consulta organizados por el Senado, diversos especialistas y todos los operadores de servicios móviles manifestaron su desacuerdo con la creación de una empresa estatal que monopolice la totalidad del espectro en la banda de 700 MHz. A pesar de estas opiniones, la Constitución obliga al gobierno a construir y operar la red compartida con todo el espectro disponible (90 MHz). Es decir, no queda espectro en la banda de 700 MHz para adjudicarlo a los operadores.
Esta decisión va a contracorriente de las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. No es creando un monopolio como se puede combatir a los monopolios. Lo que el estado debe hacer es permitir el acceso de las empresas competidoras a los recursos esenciales, y para los operadores móviles no hay recurso más esencial que el espectro.
Sabemos, por experiencia, que el estado es un mal operador de empresas. Además, los inversionistas que participen en estas asociaciones público-privadas buscarán una rentabilidad adecuada que incrementará el costo del arrendamiento de capacidad para los operadores. Sólo así se puede entender que los supuestos beneficiarios de esta red compartida (Telefónica, Iusacell, Unefon y Nextel) se hayan manifestado en contra de este nuevo monopolio.
Se sabe que la idea del monopolio estatal en la banda de 700 MHz y la incorporación del estándar asiático a la Constitución (90 MHz para uso comercial en dicha banda es sinónimo de estándar asiático) es de Juan Molinar Horcasitas y Mony de Swaan, quienes con base en un supuesto estudio de 10 millones de dólares que nadie conoce en su integridad colaron una bola rápida al Consejo Rector del Pacto por México.
¿Cuánto valdrá anclar en la Constitución órdenes de compra por 10 mil millones de dólares en beneficio de proveedores asiáticos?
Twitter: @gsoriag
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