Gerardo Soria
El Economista
El día de hoy, entra en vigor la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. En 60 días vence el plazo que tiene el Comité de Evaluación para proponer al Presidente de la República de tres a cinco personas por cada puesto de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Por cada grupo, el presidente Peña Nieto habrá de elegir a un candidato y proponer al Senado a las personas que habrán de integrar el pleno del Ifetel. El Senado tendrá dos oportunidades para rechazar alguno de los nombres propuestos. De llegar a ser éste el caso, el Presidente podrá nombrar directamente al Comisionado en cuestión.
Sin duda, la existencia del Comité de Evaluación es un magnífico filtro para evitar que se cuelen personas sin experiencia en el sector gracias a compadrazgos o favoritismo político, como fue el caso del tan cuestionado Mony de Swaan, a quien Molinar Horcasitas impuso como Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
No obstante, el reto del Comité de Evaluación (integrado por el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; el director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Eduardo Sojo, y la directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Sylvia Schmelkes) es mayúsculo. Deberán examinar a candidatos de muy distintos perfiles, no necesariamente relacionados. Puede haber ingenieros con amplios conocimientos técnicos pero con ideas muy superficiales sobre la legislación aplicable; o bien, abogados fogueados en la industria pero con conocimientos técnicos muy elementales. Deben, así, buscar perfiles interdisciplinarios pero privilegiar siempre a los mejores en su respectiva profesión.
Otro grave problema que enfrentarán es el de interpretar el alcance de los requisitos constitucionales para ser Comisionado. Hay algunos muy claros, como el de no haber sido diputado o senador, pero hay otros que sin duda serán materia de acalorados debates. El texto constitucional prohíbe que los comisionados hayan sido funcionarios de alguna empresa de telecomunicaciones o radiodifusión durante los últimos tres años, pero permite que asesores o consultores externos que no hayan tenido una relación de subordinación con las empresas sí califiquen para el cargo.
Los vividores de las teorías de conspiración ya han señalado con dedo flamígero a aquellos profesionistas independientes que han prestado o prestan servicios a empresas del sector. No importa si sus clientes son varias empresas o una sola, simplemente por asesorarlas han sido chupados por el diablo. Ésta es una desagradable realidad con la que se topará el Comité de Evaluación. Esperemos que su proceder sea estrictamente técnico y se mantenga al margen de los intereses de los partidos políticos, de lo contrario, tendremos un Ifetel constituido por puros académicos o funcionarios públicos con poco conocimiento de negocios en la industria más dinámica y compleja del siglo XXI.
Me consta personalmente que el presidente Peña Nieto tiene un inusitado talento para elegir a los mejores. Por ello, me aventuro a proponer como candidato a la Presidencia del Ifetel a la persona más íntegra, independiente y capaz con la que México cuenta y cuya designación sería aplaudida por tiros y troyanos, el respetadísimo fundador de la Cofetel y actual Presidente de su Consejo Consultivo: don Carlos Casasús.
