El misterioso plan de desincorporación de América Móvil (AMX) para dejar de ser preponderante y sacudirse la regulación asimétrica que le impusieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene muchas aristas, todas ellas graves y complejas. En principio, AMX debe vender a un tercero no relacionado —ya indicamos en este espacio por qué AT&T no calificaría como tercero independiente— cuando menos 25% de sus torres celulares, sus líneas fijas, su fibra óptica, sus postes y ductos y sus clientes. Aunque oficialmente se desconocen los detalles de la operación, fuentes bien informadas me confirman que pretenden entregar varios estados a AT&T y así dividirse el territorio nacional y seguir manteniendo, entre los dos, 70% del mercado móvil y 80% del fijo, lo que evidentemente no crearía condiciones de competencia efectiva y, por tanto, debería ser rechazado por el IFT.
Pero hay también otra vertiente que podría explicar el sigilo y contradicciones de AMX al tocar este tema: los impuestos que tendría que pagar. Además de una eventual simulación en contra de la competencia, podría también estarse maquinando una nebulosa estrategia de enajenación que le evite al agente preponderante en telecomunicaciones el cumplimiento cabal de sus obligaciones fiscales.
Independientemente de la creatividad de los asesores de AMX, podrían pretender aportar los activos a uno o más fideicomisos de infraestructura y bienes raíces para evitar pagar el Impuesto Sobre la Renta, ya que formalmente no venderían activos sino certificados de participación que podrían ser adquiridos por AT&T a través de los mercados de valores, tanto en México como en el extranjero. Estrategias fiscales similares a través de los mercados de valores han generado importantes pérdidas para el fisco en el pasado, por su omisión al recaudar el Impuesto Sobre la Renta. En el 2001, cuando Citigroup adquirió Banamex, el país dejó de percibir aproximadamente 3,500 millones de dólares. Posteriormente, cuando en el 2004 Bancomer fue adquirido por el consorcio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el erario dejó de percibir 1,200 millones de dólares. Afortunadamente, bajo la actual administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicando el principio de generalidad tributaria, el Sistema de Administración Tributaria recaudó 7,545 millones de pesos por la adquisición de Grupo Modelo por Anheuser-Busch InBev, a pesar de que la operación también se formalizó a través de los mercados de valores.
En el caso de la desincorporación de AMX, si bien no se ha revelado con exactitud el monto de la operación, se estima que para que la desincorporación realmente logre que ésta deje de ser preponderante, deberá tener un valor de por lo menos 17,500 millones de dólares, generando 30% de Impuesto Sobre la Renta, es decir, 5,250 millones de dólares, que equivalen a 70,634 millones de pesos.
Debido a que el IFT debe aprobar el plan de desincorporación, éste tendrá suficiente información para corroborar que verdaderamente se trata de una enajenación de activos que generará un Impuesto Sobre la Renta sobre el valor de la transacción, y no una simulación más, en perjuicio de la competencia y el erario público. Ello, considerando que el actuar del IFT como órgano constitucional autónomo no debe contravenir el resto de las disposiciones legales del país, entre las que se incluyen las obligaciones fiscales de AMX.
Por último, el lunes Millward Brown nos recordó lo malos y caros que son los servicios de telecomunicaciones en México: un mexicano paga 40 veces más que un inglés. Afortunadamente, ya tenemos reforma y el sector se está moviendo; ahora toca al IFT revertir esta situación en beneficio de todos.