Conforme se acerca el 10 de septiembre, fecha en que vence el plazo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interponga, en su caso, la controversia constitucional por la supuesta invasión del Poder Legislativo federal en su ámbito de competencia, las ONG, los políticos y los “expertos” al servicio del ingeniero Slim aumentan el tono de su reclamo a los comisionados del IFT y, en el colmo del absurdo, les exigen que utilicen el documento supuestamente elaborado por diputados del PRD en su fallido intento de interponer una acción de inconstitucionalidad.
No es casual que exijan precisamente el documento impulsado por la siempre proactiva Purificación Carpinteyro y el profundo jurista Acosta Naranjo, y es que basta con darle una ojeada para saber que fue elaborado por el equipo jurídico del ingeniero Slim. Aunque contiene una buena dosis de demagogia y pide que se le regale presupuesto a los concesionarios de uso social, el meollo de la demanda consiste en eliminar toda la regulación asimétrica aplicable al preponderante en telecomunicaciones (América Móvil-Telmex-Telcel) y en otorgar a Telmex, de manera inmediata y sin que tenga que cumplir con ninguna de sus obligaciones, el derecho a prestar servicios de televisión. Con un entreguismo sin rubor, los respetables diputados perredistas pretendían eliminar la gratuidad en las llamadas de larga distancia para que la cajita registradora del hombre más rico del mundo siguiera haciendo clic, clic, clic.
Bueno, pues esta demanda es la que, envolviéndose en la bandera, las ONG, los perredistas y los guerrilleros de café pretenden que suscriba el IFT antes del 10 de septiembre. Durante las próximas semanas seguiremos oyendo vestiduras rasgarse, pues le están quedando mal al patrón. A pesar de todo su esfuerzo y sus berrinches, una amplia mayoría en el Congreso de la Unión decidió regular, por fin, a la todopoderosa América Móvil.
Más allá de tecnicismos legales, la pretensión de que el IFT suscriba una controversia constitucional tiene un muy dudoso sustento. Los órganos constitucionales autónomos, como es el IFT, tienen carácter ejecutivo, no legislativo, así es que es completamente válido que el Congreso de la Unión fije en ley los parámetros y alcances de sus atribuciones. La autonomía constitucional no significa que el IFT sea un cuarto poder: es un órgano administrativo con atribuciones ejecutivas y, como tal, sus facultades deben estar expresamente establecidas y delimitadas en la ley. Dada su naturaleza ejecutiva, el IFT no puede legislar; únicamente puede proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, y es precisamente el Congreso de la Unión el que tiene la atribución exclusiva para legislar en materia de telecomunicaciones.
Y ya en la polémica, desde políticos carentes de reflector y prestigio, como Marcelo Ebrard (recuérdese que aunque en el papel todo está muy bonito, la Línea 12 del Metro simplemente no sirve porque los trenes no son compatibles con las vías), hasta los curas de la Arquidiócesis Primada de México, pretenden hacer una cruzada contra la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a ver si alguien se acuerda de los primeros y para tener el derecho de ser concesionarios de radio y televisión los segundos, y así, con el pretexto de salvar nuestra alma, poder embolsarse algunos centavos.
