Gerardo Soria/ El Economista
En mi última entrega del año pasado, hice referencia al documento denominado “Réplica a la iniciativa de construir una red mayorista en 700 MHz por parte del gobierno mexicano”, que circula entre las empresas de la industria de las telecomunicaciones. En él, se hace un puntual análisis y crítica del Proyecto Concordia, contratado por el entonces Presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony De Swaan, a la consultora McKinsey, y que sirvió de base a las “Opciones Regulatorias para el uso Óptimo de la Banda de 700 MHz en México”, publicadas por la Cofetel en su página de Internet. Ambos documentos constituyen el sustento teórico del monopolio de la banda de 700 MHz por parte del gobierno.
En ésta y próximas entregas, compartiré con usted los principales aspectos de la réplica de la industria al Proyecto Concordia, que contempla la instalación y operación por parte del gobierno de una “red compartida”, que utilizará la totalidad del espectro disponible en la banda de 700 MHz.
Según estimaciones gubernamentales, el costo de esa red rondará los 10,000 millones de dólares (sin asignar valor alguno al espectro), de los cuales 3,112 millones provendrán directamente del erario público. El resto, se supone, será aportado por inversionistas no relacionados con los actuales operadores.
Además del subsidio público por 3,112 millones de dólares, el Proyecto Concordia supone una pérdida por parte del Estado mexicano de hasta 4,000 millones de dólares por aprovechamientos que dejarán de recaudarse al no licitar la banda de 700 MHz a los operadores actuales o a nuevos entrantes. Es decir, el costo directo para el erario será de cuando menos 7,112 millones de dólares. Ello, a cambio de un supuesto crecimiento en el PIB y un supuesto aumento en el bienestar público basado en estudios externos no presentados por Cofetel.
Sobre la rentabilidad del proyecto, Cofetel presenta un escenario base para la operación urbana de la “red compartida”, es decir, aquella que competirá directamente con los operadores privados, de entre 500 a 1,500 millones de dólares en 10 años. Por supuesto, sólo si la red subsidiada no paga derechos por el uso del espectro. Este escenario supone que el monopolio estatal va a capturar 47% de un mercado, de 124.5 millones de suscriptores en 4G para el 2023. Al día de hoy existen poco más de 100 millones de suscriptores en todas las tecnologías (2G, 3G y 4G).
Es por demás preocupante que el Proyecto Concordia esté sustentado en el mercado urbano y que pretenda 47% del mismo para el 2023. Esto implica que el monopolio subsidiado canibalizará 58.5 millones de usuarios a los actuales operadores privados (Telcel, Telefónica, Iusacell, Unefon y Nextel).
En el Proyecto Concordia se analizan otros escenarios en donde el operador subsidiado puede alcanzar pérdidas de hasta 1,100 millones de dólares, en el caso de que “no pueda operar tan eficientemente como la considerada en el caso base”. En este escenario, el costo para los contribuyentes ascendería a 8,212 millones de dólares.
Cabe destacar que Cofetel realizó su análisis sobre la base de una cobertura urbana, por lo que cuando se incluye la cobertura rural el proyecto baja sustancialmente su rentabilidad, lo que implica una contradicción intrínseca entre la obligación constitucional de alcanzar cobertura universal e integración digital y las exigencias de rentabilidad de los eventuales inversionistas privados. Esta contradicción puede tener dos consecuencias: (i) o bien las obligaciones de cobertura se relajan y se mantiene en el olvido a la población rural, o (ii) puede no haber inversionistas interesados en asociarse con el gobierno para la “red compartida”.
Retomaré el tema en mi entrega de la próxima semana.
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