Gerardo Soria
El Economista
Es indudable la urgente necesidad de modificar el marco legal y reglamentario de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. En el sexenio de Ernesto Zedillo se avanzó rápido y bien; salvo algunas excepciones, como la política para la transición a la televisión digital de señal abierta del entonces Presidente Fox, los 12 años de gobierno panista han sido una verdadera calamidad. No ha habido más que corrupción y ridículos pleitos palaciegos.
Las reformas impostergables necesariamente deben incluir tres grandes acciones: fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y exigirle mayor transparencia; regular a los agentes con poder sustancial para emparejar el piso de la competencia, y que las reformas sean acordes a las mejores prácticas internacionales.
Estoy consciente de que las modificaciones legales pueden llevar algún tiempo, dado el intenso cabildeo que todos los participantes en la industria realizarán y los intereses particulares de los partidos políticos. Sin embargo, hay dos reglamentos de la mayor trascendencia que el presidente Peña Nieto puede expedir sin mayor dilación: el reglamento interior de la Cofetel, que está pendiente desde el 2006 y que podría eliminar la doble ventanilla que tanto daño ha hecho al sector, y un nuevo reglamento de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que sustituya al obsoleto, pero aún vigente, reglamento de telecomunicaciones de 1990.
Mucha saliva y tinta se han vertido en torno de la necesidad de nuevos concesionarios de televisión abierta, y me parece bien. Sin embargo, no debemos olvidar que todos los concesionarios tienen una finalidad comercial y se enfocarán en el rating por encima de cualquier otra justificación demagógica. Aún no logro convencerme de que lo prioritario para el sector es contar con más y mejores telenovelas y que para hacerlo la Cámara de Diputados deba entregarle a Mony De Swaan la friolera de más de 1,000 millones de dólares.
Recordemos que el apagón analógico en Tijuana, subsidiado parcialmente por el erario público en una licitación ilegal llevada a cabo por De Swaan a finales del año pasado, deberá darse en un par de meses, y en todo el país para el 2015. Ambas fechas, impuestas por un capricho más del expresidente Calderón. No me queda la menor duda de que el apagón en Tijuana no se va a dar en la fecha prevista ni en un futuro próximo, por lo que De Swaan deberá rendir cuentas de su despilfarro.
Es mucho dinero 1,000 millones de dólares para subsidiar más y mejores telenovelas. Me parece que ese dinero se debería utilizar en inversiones de otra naturaleza. La cobertura universal de salud y los recursos que se requieren para poder cumplir con la recién promulgada Ley General de Víctimas son sólo dos ejemplos.
Todo ello, sin olvidar las triangulaciones de recursos millonarios por parte de Mony de Swaan. Tanto dinero en manos de un personaje tan corrupto me parece una insensatez. He documentado en este espacio las prácticas de corrupción de Mony de Swaan, por lo que, por ahora, no profundizaré en ello.
Si el gobierno de Felipe Calderón hubiese seguido la política diseñada en el de Vicente Fox para la transición a la televisión digital -que preveía inversiones privadas y apagones escalonados hasta el 2021-, los subsidios en decodificadores y antenas que tan golosamente exige Mony de Swaan no serían necesarios.
Lo que sí me parece urgente y de la mayor relevancia, de acuerdo con la experiencia de la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), es la regulación asimétrica a los operadores dominantes, con el fin de inhibir prácticas depredatorias y discriminatorias, prevenir el desplazamiento indebido de competidores y así, crear condiciones para la entrada de nuevos y más fuertes jugadores al mercado.
Que algunos operadores tengan obligaciones específicas empareja el mercado para todos. La regulación de dominancia obliga a permitir el acceso desagregado a redes; a orientar los precios a costos; a garantizar un trato no discriminatorio en calidad y precios a los operadores que se interconectan con el dominante; a atender de manera efectiva y oportuna las solicitudes de servicios por parte de otros operadores; a no incurrir en prácticas de estrangulamiento de precios; a no incurrir en prácticas de ventas atadas, así como tampoco de tratos exclusivos con algunos clientes, y a proporcionar a las autoridades reguladoras acceso a información técnica, entre otros aspectos.
Pero no nos equivoquemos, el objeto de las empresas es otorgar dividendos a sus accionistas, por lo que su conducta es completamente racional y están haciendo su trabajo. Son las autoridades las que llevan más de 12 años sin hacer el suyo.