Gerardo Soria
Todo parece indicar que el día de hoy el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que preside Gabriel Contreras, habrá de resolver si Dish estaba en su derecho de subir a su sistema de televisión restringida satelital con cobertura nacional las señales de los canales 2,5,7, 9 y 13 de Televisa y Televisión Azteca en la ciudad de México, o si esto viola las figuras de must offer-must carry establecidas en la reforma constitucional en telecomunicaciones de junio del año pasado y, por tanto, los derechos de autor reconocidos por la legislación nacional y diversos tratados internacionales.
Mucho ruido se ha hecho sobre el tema, como si la parte medular de la trascendental reforma en telecomunicaciones fuera el derecho o no de una empresa en particular a re transmitir de manera gratuita las producciones de Televisa y Televisión Azteca. No deja de llamar la atención, e incluso me parece simpático, que los eternos detractores de la televisión comercial (senadores y diputados de izquierda y guerrilleros de café), a la que acusan de” embrutecer al pueblo” con telenovelas o de lavar el cerebro a los mexicanos para que voten en favor de determinado candidato (salvo que sea el suyo, claro), sean exactamente las mismas personas que vehementemente defienden el “derecho de la audiencia” a “embrutecerse” con esas mismas telenovelas y esa misma información. Lo he dicho ya, pero es necesario repetirlo, siempre que alguien bondadosamente defiende abstracciones, en realidad está defendiendo intereses económicos, y en este caso son clarísimos: los intereses de MVS y Telmex, asociados en Dish.
Me llama mucho la atención que en varios medios escritos y, por supuesto, en las estaciones de radio de MVS, el único asunto de interés nacional sea la retransmisión de telenovelas y noticiarios. Y me llama la atención no porque tenga dudas respecto de los intereses económicos en juego, sino porque la reforma es verdaderamente un parte aguas en la historia económica de México, que debería recibir más atención en los temas verdaderamente trascendentes.
Nunca antes se había legislado con tanta firmeza para acotar a los monopolios o duopolios. Esta reforma va en serio y seguramente la iniciativa que enviará el presidente Peña Nieto desatará una estridencia pocas veces vista. ¡Y qué bueno! Mientras más gritos y dramas se hagan, podemos estar seguros de que la iniciativa está pegando en donde más duele, de que no es una reforma cosmética, de que no es el mismo atole con el dedo que durante años nos recetó la clase política.
Miles de millones de dólares están en juego: la eliminación de barreras de entrada para competir en telecomunicaciones y radiodifusión; el control estricto de los subsidios cruzados y las ventas atadas; la compartición de infraestructura; la desagregación del bucle local y demás elementos de red del agente preponderante en telecomunicaciones; la eliminación de la larga distancia; el fomento a los comercializadores de telecomunicaciones; la entrada al mercado de tres nuevas cadenas nacionales de televisión (dos privadas y una pública); la apertura a estaciones sociales, comunitarias e indígenas, entre otras medidas, permitirán dar un vuelco radical a mercados hasta hoy dominados por muy pocos, y estos pocos harán todo lo posible por evitar que esto suceda.
Aún sin conocer la iniciativa, la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión está muy inquieta. No nos extrañen los fuegos de artificio que vienen. Probablemente reviva el “independiente” movimiento #YoSoyl32, al que se sumarán los siempre filantrópicos “maestros” de la CNTE, el honesto y transparente sindicato de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los racionales anarquistas con sus argumentos disfrazados de bombas molotov y demás fauna de activistas generosos y desinteresados. La Constitución establece ya los principios generales que deben regir a la industria y el Congreso de la Unión y el Ifetel deben actuar, siempre, con estricto apego al texto constitucional, al margen del ruido que hay y del ruido que viene.