Gerardo Soria
El Economista
El gobierno ha basado su decisión en el interés por reordenar una banda que ha dejado ganancias importantes en otras partes del mundo.
La empresa ejercerá el legítimo derecho de impugnar por la vía judicial la decisión del gobierno federal de rescatar la banda 2.5 GHz. Pero, ya sea por la vía del amparo o del juicio de nulidad, las frecuencias le serán retiradas por la SCT.
En el 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la acción de inconstitucionalidad para seis artículos modificados como parte de las reformas realizadas en el 2006 a las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión, decisión que, entre otras cosas, declaró la invalidez de los refrendos automáticos de concesiones y estableció que la prestación de cualquier otro servicio por parte del concesionario debería licitarse.
Arropados en la falsa bandera de velar por los intereses de la “opinión pública”, un grupo de 47 senadores de la LIX Legislatura, encabezados por Javier Corral Jurado, Dulce María Sauri, Manuel Bartlett y Raymundo Cárdenas, entre otros, interpusieron ante la SCJN la controversia constitucional que derivó en las modificaciones antes comentadas. Lo único que buscaban estos legisladores era tener un tema que les permitiera brincar de una Cámara a otra para seguir viviendo a costa del erario.
Así, los senadores lograron convencer a los ministros de la SCJN de invalidar reformas legales que estaban bien hechas y cuyo único objetivo era que las concesiones en materia de telecomunicaciones, radio y televisión se otorgaran por licitación pública; darle autonomía a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (que seis años después sigue siendo un órgano sin dientes, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), y permitir la convergencia de frecuencias del espectro radioeléctrico.
En su momento, quien hoy conduce la emisión principal de Noticias MVS, aplaudió, defendió e hizo suya la posición de esos legisladores y celebró la acción de inconstitucionalidad decretada por el máximo tribunal del país. Esa celebración se les ha revertido y hoy es algo así como un balazo en el pie.
Tras el anuncio de que el gobierno iniciaría el rescate de las frecuencias concesionadas y subutilizadas de la banda de 2.5 GHz, MVS, poseedora aún de casi 190 MHz de esa porción de espectro, lanzó una serie de acusaciones y señalamientos para defender lo que consideran como una propiedad privada pero que, en realidad, es un bien de todos los mexicanos que se encuentra en desuso actualmente y que debe ser explotado para garantizar provisión de servicios de banda ancha móvil.
MVS se queja hoy de las decisiones que aplaudió hace seis años; pareciera que pretende que la ley se aplique al gusto de la opinión pública (o de la opinión publicada) y no en función de los intereses del país, que tiene una realidad concreta en materia de banda ancha: un atraso enorme documentado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
La acción de inconstitucionalidad de la SCJN dejó una clara consecuencia al sector: la incertidumbre jurídica dado el señalamiento expreso de que, una vez que termine la vigencia de una concesión o bien, cuando se pretenda autorizar un servicio nuevo con frecuencias que hayan sido previamente concesionadas, se debe licitar.
Ése es el fallo que hoy pone a MVS en un escenario claro: la empresa ejercerá el legítimo derecho de impugnar por la vía judicial la decisión del gobierno federal de rescatar la banda 2.5 GHz. Pero, ya sea por la vía del amparo o del juicio de nulidad, las frecuencias le serán retiradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que puedan licitarse. Así lo avala el artículo 23 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al que nos hemos referido en este espacio previamente.
El gobierno ha basado esta decisión en el interés por reordenar una banda que, en otras partes del mundo, ha dejado ganancias importantes a los gobiernos tras su licitación y, en especial, que ha llevado más opciones de servicio a menor precio a los usuarios de banda ancha móvil, es decir, se trata de una medida que busca, ante todo, el interés público, argumento que seguramente pesará ante jueces y magistrados.
