A principios de este año se informó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) investigaba el proceso por el cual Teléfonos de México (Telmex) pretendió escindir sus subsidiarias Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, Alquiladora de Casas y Renta de Equipo. Todas ellas propietarias de la red pública de telecomunicaciones de Telmex.
Ante dicha escisión, el Juzgado Segundo de lo Civil en el Distrito Federal decretó la suspensión con fundamento en el artículo 228 Bis, fracción VI de la Ley General de Sociedades Mercantiles. No obstante, el pasado 7 de febrero del 2014, el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal admitió el amparo indirecto promovido por Telmex, mediante el cual demanda la inconstitucionalidad de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, por tanto, de la suspensión dictada por el juez.
Así, Telmex busca eliminar la suspensión de la escisión y concretar la transmisión de toda su red pública de telecomunicaciones a una tercera empresa para sacarla de la competencia del Ifetel y evitar la desagregación ordena da mediante la reforma constitucional en telecomunicaciones. Sin red que desagregar se violaría ilegalmente la Constitución.
La investigación del IFT no es una misión imposible, pues basta con que vaya más allá de la simple revisión de documentos y realice visitas de inspección a los inmuebles propiedad de las subsidiarias para confirmar que Telmex pretende sacar de su grupo corporativo toda su red. Por ello, corresponde al IFT hacer uso de todas las atribuciones que le fueron otorgadas por la Constitución para investigar cuáles son los activos propiedad de las subsidiarias que Telmex pretende escindir y en qué medida están relacionados con la prestación de servicios de telecomunicaciones. El retraso en la investigación está dando tiempo para que Telmex se deshaga de su red.
El IFT como órgano regulador en materia de telecomunicaciones no puede permitir que por ningún motivo la red de Telmex se saque de su ámbito de competencia, pues de hacerlo estaría consintiendo que Telmex burle la reforma en telecomunicaciones, defraudando la voluntad del Constituyente y la agenda transformadora del presidente Peña Nieto.
Apenas este lunes se informó que Grupo Financiero Inbursa y Grupo Carso se ampararon en contra de la resolución de preponderancia emitida por el IFT el pasado 6 de marzo del 2014. Su argumento es que no son concesionarias y, por tanto, no es competencia del IFT regularlas. Exactamente el mismo argumento que utilizaron para tratar de justificar su escisión. Así, Telmex y sus filiales han dejado muy clara su estrategia para evadir las reformas: primero sacando la red de la competencia del IFT y ahora aludiendo que el IFT carece de atribuciones para regular empresas que no sean concesionarias, aunque formen parte del mismo grupo de control.
Nuevamente Invito a usted, estimado lector, y por supuesto a los comisionados del IFT, a que gugleen los nombres de Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, Alquila dora de Casas y Renta de Equipo, y así podrán comprobar que las subsidiarias son dueñas de centrales telefónicas, antenas de transmisión, unidades remotas de líneas y otros equipos de telecomunicaciones. La información la encontrarán en las páginas web de diversos municipios, estados y entidades federales, con los que las subsidiarias están tramitando diversas autorizaciones.
El IFT no puede permitir que el tiempo siga jugando en favor de Telmex y permitir este fraude a la ley. SI lo hace, pocas esperanzas podremos tener de un mercado más competitivo, con mayor calidad y menores precios.
