Gerardo Soria/ El Economista
En los últimos días, diversas voces calificadas de la industria han hecho referencia a las declaraciones del subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, en el sentido de que se espera recibir en el sector 48,000 millones de dólares, durante la presente administración. Atinadamente, se preguntan quiénes serán los particulares que harán tal inversión. Y es que, pasada la euforia por la aprobación de la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia, se acerca el momento de definir cómo y cuándo se cumplirán las muy ambiciosas disposiciones de la Constitución.
Telmex ha expresado que desagregar su red desincentivaría su inversión en infraestructura. En mi opinión, se trata de un problema de modelo de costos. Aunque este problema ha sido objeto de debate desde la apertura a la competencia, en 1996, lo cierto es que los dos gobiernos panistas simplemente escondieron la cabeza como una avestruz, pretendiendo que nada pasaba.
Durante el sexenio del expresidente Fox, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Crisola, se dedicó a administrar la competencia desde su escritorio en Xola, entorpeciendo la entrada de nuevos competidores e imponiendo obligaciones irracionales de cobertura a los ya existentes, bajo el argumento de que no era justo que sólo Telmex tuviera obligaciones de cobertura universal. No niego que pudiera tener algo de razón, pero la ley y los tratados internacionales establecían un modelo de costos distinto, que nunca se cumplió. Después, el sexenio del expresidente Calderón vivió enfrascado en pleitos palaciegos, que llevaron a las autoridades reguladoras a un total descrédito y a una situación insostenible para la industria.
Ahora, a raíz de la reforma, debemos replantear todo el andamiaje jurídico y regulatorio del sector, empezando por el modelo de costos que se debe usar para la interconexión y para el arrendamiento de capacidad de las redes desagregadas de Telmex y del nuevo monopolio estatal, que habrá de operar la red troncal y la banda de 700 MHz y es que los compromisos internacionales suscritos por México obligan a que el precio de estos servicios esté basado en el costo incremental promedio de largo plazo.
Este modelo de costos ha sido siempre la manzana de la discordia y puede afectar el monto de inversión, por parte de la Iniciativa Privada. El reto del Ifetel es mayúsculo, porque al mismo tiempo tiene que encontrar un modelo que incentive la inversión privada (sobre todo en la Asociación Público-Privada que construirá y operará la red troncal y la red compartida) y que haga accesibles los insumos necesarios, para los operadores en competencia.
Todos los inversionistas buscan una rentabilidad adecuada y deben tener certeza jurídica para invertir. La definición sobre el modelo de costos y su racionalidad debe ser una de las más importantes prioridades para el Ifetel. Esperemos que lleguen economistas calificados, que puedan encontrar el necesario balance.
Twitter: gsoriag
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