8 de agosto de 2012
Gerardo Soria
El Economista
La actual administración prefirió no aplicar la ley al no rescatar un espectro que se encuentra ocioso.
En los 190 MHz que posee MVS en dicha banda podrían operar cuatro empresas de telefonía móvil, pero se ha preferido ignorar la situación.
El caso de la empresa MVS y los 190 MHz subutilizados que posee en la banda 2.5 GHz sirve para ejemplificar claramente la herencia que este sexenio deja a la próxima administración en materia de telecomunicaciones: problemas irresolutos, falta de políticas claras para satisfacer la demanda de nuevos servicios, como la banda ancha móvil, y autoridades temerosas de ejercer su papel para garantizar el uso óptimo del espectro y el beneficio de los consumidores mexicanos.
Desde la década de los 80, MVS obtuvo las concesiones para explotar esta porción de espectro y ofrecer, a través de ella, servicios de TV de paga. Sin embargo, en el 2007, la Unión Internacional de Telecomunicaciones determinó que la banda 2.5 GHz ya no fuera utilizada para TV sino que debía ser aprovechada para ofrecer servicios móviles de 4G.
Mientras que, en otros países, los gobiernos se aprestaron a recuperar el espectro concesionado para servicios de televisión y a licitar las frecuencias para los rentables servicios de banda ancha móvil, en México, el tema fue ignorado, pues a pesar de que los 190 MHz concesionados a MVS están subutilizados, el gobierno no ha sido capaz de recuperar esas frecuencias y espera pacientemente a que uno a uno, se venzan los 42 títulos de concesión que aún tiene vigentes, situación que podría prolongarse por lo menos cinco años más.
A finales del año pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio señales claras de que no autorizaría la prórroga de las concesiones vencidas, pues la empresa rechazó el pago de la contraprestación fijada por el Estado para explotar dicha porción de espectro y ofrecer, en sociedad con una empresa estadounidense, servicios de banda ancha al público.
MVS concentra 190 MHz en la banda 2.5 GHz y no tiene un solo usuario. En esa porción de espectro podrían operar cuatro empresas de telefonía móvil y el gobierno mexicano ha preferido ignorar la situación y poner a la empresa en la cómoda posición de mantenerse como dueña de un bien que es propiedad de la nación, no de particulares.
La SCT ha eludido la responsabilidad que le confiere la ley para velar por el bueno uso del espectro y ha tenido una actuación tibia ante la empresa, que no quiso pagar lo suficiente para obtener las prórrogas de sus concesiones vencidas y ahora parece que está buscando la oportunidad de negociar con quienes serán autoridad a partir del 1 de diciembre.
La actual administración aún está a tiempo de rectificar el camino. La Ley Federal de Telecomunicaciones faculta claramente a la SCT para emprender el rescate total de la banda 2.5 GHz.
En su artículo 23, la ley indica que la SCT “podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas: I.
Cuando lo exija el interés público; II. Por razones de seguridad nacional; III. Para la introducción de nuevas tecnologías; IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial, y V. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”.
Resulta iluso pensar que podríamos ver un fin de sexenio con una acción decidida en favor de los usuarios de telecomunicaciones. La actual administración tuvo cinco años para aplicar la ley y rescatar un espectro que se encuentra ocioso y cuyo valor supera los 2,000 millones de dólares. Simplemente, prefirió no hacerlo.
La banda 2.5 GHz forma parte de un recurso propiedad de los mexicanos y que, como ha sucedido ya en naciones como Brasil y Chile, debe ser licitado a operadores de banda ancha móvil que ofrezcan servicios modernos y de calidad a precios competitivos.
Una nefasta herencia a la próxima administración impide el beneficio colectivo.
