Rodrigo Pérez Alonso/ Excélsior.
Hace unas semanas se publicó al fin la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión (radio y televisión) y competencia económica en el Diario Oficial y, en automático, el Comité de Evaluación para la selección de los nombres de los posibles comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, entró en acción.
El 17 de junio se reunió por primera vez dicho Comité, integrado por el gobernador del Banco de México, la directora del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y el director del INEGI, para establecer los lineamientos bajo los cuales los aspirantes a comisionados de ambas instituciones debían promover sus candidaturas. Quizá por inexperiencia en estos procesos, por cuidar a ultranza las formas o por interpretar con mucha rigidez el texto de la reforma constitucional, el Comité de Evaluación estableció requisitos excesivos para los aspirantes a comisionados.
La primera preocupación de estos requisitos es que se estableció un periodo muy corto para reunir una gran cantidad de documentos y trámites. Una segunda preocupación es que se solicitaron elementos como el reporte de historial crediticio y las declaraciones fiscales de tres años del aspirante que nada tienen que ver con la capacidad o profesionalismo de un candidato. Sobre este punto, parece que el Comité valoró de igual forma requisitos menores y e inocuos para este proceso de selección con otros que deben influir en definitiva en el proceso de selección —como el título profesional—; es decir, se tasaron de igual forma los alcances de algunos requisitos que no se mencionan en la reforma constitucional con otros que sí se mencionan expresamente. Lo anterior se confirma con la descalificación automática del proceso a todos aquellos aspirantes que `no incluyan toda la documentación …`.
No obstante estos desaciertos de forma en la convocatoria, éstos se basan en la idea del Constituyente Permanente de blindar a dichos órganos de cualquier influencia o presión indebida por parte de las empresas o personas reguladas. Los antecesores del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica fueron objeto de innumerables presiones, principalmente por su falta de solidez institucional y la ambigüedad de sus ámbitos de acción derivadas de leyes parchadas con resoluciones de la Suprema Corte.
Una vez presentado un examen y concluido así el filtro técnico y burocrático, los aspirantes todavía deberán pasar por el filtro político. Con la lista de tres a cinco aspirantes por cada posición —siete en ambos órganos— en la mano, el Presidente de la República deberá entonces escoger a un aspirante por cada posición y someterla al Senado para su ratificación.
Así inicia entonces el primer paso para la integración de dos órganos constitucionales autónomos que serán de mucha relevancia para las actividades económicas de nuestro país. Esperemos que los requisitos no ahoguen la autonomía.
Tuiter: @rperezalonso
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