La semana pasada escribía en este mismo espacio sobre las intenciones de la empresa ATT para comprar a Time Warner, así como su agresiva incursión en el mercado mexicano.
Parecería que después de la compra que hizo ATT de Iusacell y Nextel México por 4 mil 375 millones de dólares (mdd), aunado a los 3 mil mmd que la empresa anunció de inversión para desplegar su red 5G en México, se empezaría a vislumbrar visos de competencia en el mercado de las telecomunicaciones móviles mexicanas.
Esto sin mencionar la entrada, desde el año 2000, de Telefónica en México, que, a pesar de inversiones multimillonarias, apenas ha logrado conquistar 26 millones de accesos móviles. A grandes rasgos, Telefónica trae el 23 por ciento del mercado, ATT el 10 por ciento, y todo el resto es de América Móvil.
Es decir, el preponderante, América Móvil, continúa con una concentración de mercado de casi el 70 por ciento. Esto a pesar de la reforma estructural en telecomunicaciones, a pesar de la creación y existencia del nuevo regulador, Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y a pesar de la regulación asimétrica impuesta a este operador en su calidad de preponderante.
En dos años y medio de regulación por parte del IFT, el mercado móvil en México no ha modificado su estructura de mercado. El nivel de ingresos de la empresa permanece constante y la concentración de usuarios es la misma.
Sólo basta revisar el informe de resultados al tercer trimestre de 2016 de este operador. Reporta 72 millones 740 mil líneas móviles de los 110 millones de usuarios que hay en el país. En pocas palabras, permanece con la misma concentración de mercado que antes de ser regulado como preponderante (70 por ciento).
Esto implica que no hay razón alguna para relajar la regulación a este operador, sino más bien endurecerla. En breve el IFT hará una revisión a este respecto. No hay elementos para suponer que el regulador cante victoria y crea que se están gestando condiciones de competencia en el mercado móvil mexicano.
En otro tema. Está por discutirse, en la Suprema Corte de Justicia, la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Derecho de Réplica, promovida por el PRD y Morena. El ministro ponente, Alberto Peréz Dayan, y el resto de los ministros, serán responsables de respetar la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en el artículo sexto constitucional. Estos dos partidos políticos pretenden vulnerar estos derechos fundamentales.
