vía El Economista.
Desde hace más de una década se ha promovido desde la industria, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los usuarios en México, propuestas de reducción, exención y/o eliminación de las cargas fiscales que encarecen los costos para la adopción y uso de la conectividad, tanto de dispositivos como de servicios.
Esta línea de acción de política pública tendría el potencial de dar mayor viabilidad al mandato constitucional de acceso universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
No obstante, a la fecha subsisten gravámenes distorsionantes y regresivos que impiden la apropiación de dispositivos y servicios de conectividad, especialmente entre la población y hogares en la base de la pirámide social.
Este es el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que desde 2010 es aplicable a los servicios de telecomunicaciones y que resulta en una suerte de inconstitucionalidad fiscal, con una mínima contribución a la recaudación total, pero con marcados efectos distorsionantes sobre la demanda, que se suman a la merma actual en el poder adquisitivo resultante de la elevada inflación.
Lecciones para México desde Latinoamérica. Es a partir del reconocimiento de estas circunstancias y potenciales impactos positivos de promover la adopción de dispositivos y servicios TIC sobre el crecimiento económico, que diversos países de Latinoamérica han implementado medidas fiscales a favor de la conectividad.
El caso más reciente, es el de Brasil que procedió a reducir las cargas impositivas de los servicios de telecomunicaciones, al categorizarlos como esenciales para la población, al mismo nivel que la energía eléctrica y el transporte público. La reforma aprobada establece una tasa máxima de 18% del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) que se puede cobrar en los 27 estados del país y que anteriormente oscilaba entre 25-27%. Esta medida tiene los objetivos primordiales de hacer frente a la tendencia alcista de los precios, así como promover la disponibilidad y adopción de la conectividad entre la población.
Su órgano regulador, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), prevé que se generarán ahorros de hasta 11% en el precio de los servicios, tras la reducción del ICMS y su traslado directo al consumidor.
Esta sería la segunda ocasión que se aplica una medida de política fiscal para la conectividad en Brasil a casi una década (2013) de que el gobierno exonerara el pago de impuestos de smartphones para impulsar el acceso a las TIC que habilitaría una reducción de hasta 30% en los precios de estos dispositivos.
Brasil no es el único país de la región en generar una lección de política fiscal para México, también lo son Ecuador que desde octubre de 2019 estableció una tarifa arancelaria de 0% a la importación de computadoras, tabletas y smartphones, así como Colombia, que eliminó desde enero de 2017, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a smartphones por debajo de los 200 dólares.
¿Y nuestro país cuándo va a aplicar una política fiscal para la conectividad? Es la pregunta que todos nos hacemos a casi cuatro años de carecer de una agenda digital.
Medidas como la eliminación del IEPS a servicios de telecomunicaciones y la exención del IVA o aranceles a teléfonos inteligentes consistentes con el derecho universal de acceso a las TIC, podrían resultar ser efectivas para lograr a este cometido, como lo demuestra el documento de trabajo de The CIU titulado “Promoviendo la Adopción de Smartphones en México: Incentivos para una Actividad Esencial” (bit.ly/3a0J9LF ).
Es momento de reconocer la esencialidad que tienen estos bienes y servicios para las actividades productivas, educativas, culturales, sociales, entre otras, de individuos, hogares y empresas del país, a partir de aplicar las lecciones de política fiscal generadas en la región.
@ernestopiedras
