2018-11-06
Habrá mucha incertidumbre, pero también muchas oportunidades para romper una inercia que no nos ha permitido despegar como nación.
Los próximos días serán de mucho jaloneo en nuestro país. En el plano nacional, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta Ley, —que por cierto no quiso promulgar el presidente Enrique Peña Nieto y cuya publicación tuvo que ser ordenada por el presidente del Senado, Martí Batres— fija un tope salarial para todos los funcionarios públicos de la Federación (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos), el que se establezca para el presidente de la República, y ordena sanciones, hasta penales, para quienes reciban más de esto e incluso también para quienes autoricen pagos superiores al salario del presidente.
Se ha dicho que el salario del presidente de la República será de 108 mil pesos, pero éste se fijará hasta el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 que se votará en unas semanas. Sin embargo, al cambiar los esquemas de remuneración, la Ley de Remuneraciones será impugnada tanto a nivel personal por servidores públicos (vía amparos), como en lo institucional por algunos organismos autónomos (vía controversias constitucionales). También es probable que una minoría de legisladores de oposición (33% de cada Cámara del Congreso) presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este será el primer choque frontal entre los poderes que controla Morena (el Ejecutivo y el Legislativo) y el Poder Judicial federal. Los primeros, tratando de llevar a cabo su promesa de campaña, y los segundos tratando de hacer su labor de resolver controversias, basados en las leyes.
En este tema hay razón por parte de ambos lados: en el caso de Morena, al reducir la percepción de excesos de la burocracia; en el del Poder Judicial federal, sencillamente ver si la nueva ley votada es acorde a las leyes existentes, a los tratados internacionales firmados y si se pueden reducir las percepciones de los servidores públicos de manera retroactiva. Sin embargo, el Poder Judicial tiene que ser cuidadoso, pues recientemente ha sido señalado por cometer excesos presupuestales y, además, en este caso porque va a ser juez y parte, dado que es previsible que a título personal varios jueces y magistrados impugnen la nueva ley aprobada.
Por su parte, es probable que Morena, que sabe jugar fuerte en lo político, presente iniciativas para trastocar todo el Poder Judicial federal, incluida la Suprema Corte. Será su manera de negociar con este poder.
Así, este episodio da incertidumbre de cuál será el balance real entre los poderes de la Unión. Hasta ahora, el Poder Judicial federal no ha sabido jugar en los terrenos mediáticos, ni en lo político. De hecho, ha perdido un valioso capital político. Esta percepción también se ha arraigado entre jueces y magistrados, a tal grado que éstos ya actúan sin consultar a sus instancias “administrativas” en el Consejo de la Judicatura Federal.
Pronto nos veremos en un abierto choque entre senadores y diputados del bloque Morena contra jueces y magistrados. Es probable también que desde el 1 de diciembre, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se sume al apoyo de Morena.
El otro choque previsible será el del nuevo gobierno con los medios de comunicación. Ya hay registro mediático de las primeras diferencias entre quienes formarán parte del nuevo gobierno y periodistas/medios de comunicación. El debate es bienvenido, pero habrá que ver que no se usen herramientas de Estado para silenciar a comunicadores. Y es que el nuevo gobierno ha señalado que hará cambios en la forma en que distribuye la publicidad oficial. Es necesario que en este rubro haya menos dispendio, pero para que no haya acusaciones de privilegiar a unos sobre otros, la única forma de distribuir los recursos es con base en la transparencia y en la medición y certificación de audiencias. La actual administración no quiso dar nunca ese paso. Varios medios también se han resistido a ello.
Finalmente, no pinta que los resultados de la elección de hoy en Estados Unidos sean buenos para nuestro país. Si pierde su mayoría en la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump tendrá que reforzar su discurso antimigrante y antimexicano para movilizar su base en pro de su reelección en un par de años. Si, en cambio, logra mantener su mayoría legislativa, sentirá que su belicoso discurso, el despliegue de tropas en la frontera con México y hasta los anuncios de medio tiempo en los juegos de la NFL contra los mexicanos le son redituables y seguirá en ese camino, con lo que lo andado en el entendimiento comercial y político entre México y Estados Unidos volverá a ser endeble, a la par de que el presidente Trump seguramente querrá “calar” al nuevo gobierno.
Así que, en los siguientes meses, entre disputas entre Poderes de la Unión, el ejercicio de controversias por las minorías en el Congreso, que está en duda la viabilidad de los órganos autónomos, el reacomodo entre medios y Morena, y la nueva realidad transfronteriza, nos ponen ante un futuro incierto. Y esto sólo por señalar algunos de los temas por venir.
Habrá entonces mucha incertidumbre, pero también muchas oportunidades para romper una inercia que no nos ha permitido despegar como nación. Ojalá que cada quien haga su parte.
Cambiando de tema… Relevante la revelación que ayer hizo EL UNIVERSAL, en su sección Cartera, respecto de un proyecto que hoy se podría discutir en la Primera Sala de la Suprema Corte, firmado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual regresaría a Telefónica cerca de 10 mil millones de pesos en impuestos.
El proyecto, disponible en la página de Internet de la SCJN, es endeble. De llamar la atención incluso que un ministro, que fue jefe del Servicio de Administración Tributaria, confunda bandas de frecuencias y tipos de servicios de telecomunicaciones. Parecería que el proyecto más bien fue elaborado por algún integrante de su ponencia y no directamente por el señor ministro.
Pero es el momento menos oportuno para que desde la Corte parezca que se atenta contra el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. Si ya de por sí hay diferencias presupuestales y legislativas entre la SCJN y el gobierno morenista entrante, este tema viene en el peor momento posible.
Es cierto que las leyes que ordenan contraprestaciones para el sector telecomunicaciones inhiben el desarrollo de infraestructura y están hechas con fines recaudatorios, pero regresar a Telefónica cerca de 10 mil millones, en la actual coyuntura, es un asunto explosivo para la Corte y para la empresa de Pronto nos veremos en un abierto choque entre senadores y diputados del bloque Morena contra jueces y magistrados. Es probable también que desde el 1 de diciembre, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se sume al apoyo de Morena.
El otro choque previsible será el del nuevo gobierno con los medios de comunicación. Ya hay registro mediático de las primeras diferencias entre quienes formarán parte del nuevo gobierno y periodistas/medios de comunicación. El debate es bienvenido, pero habrá que ver que no se usen herramientas de Estado para silenciar a comunicadores. Y es que el nuevo gobierno ha señalado que hará cambios en la forma en que distribuye la publicidad oficial. Es necesario que en este rubro haya menos dispendio, pero para que no haya acusaciones de privilegiar a unos sobre otros, la única forma de distribuir los recursos es con base en la transparencia y en la medición y certificación de audiencias. La actual administración no quiso dar nunca ese paso. Varios medios también se han resistido a ello.
Finalmente, no pinta que los resultados de la elección de hoy en Estados Unidos sean buenos para nuestro país. Si pierde su mayoría en la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump tendrá que reforzar su discurso antimigrante y antimexicano para movilizar su base en pro de su reelección en un par de años. Si, en cambio, logra mantener su mayoría legislativa, sentirá que su belicoso discurso, el despliegue de tropas en la frontera con México y hasta los anuncios de medio tiempo en los juegos de la NFL contra los mexicanos le son redituables y seguirá en ese camino, con lo que lo andado en el entendimiento comercial y político entre México y Estados Unidos volverá a ser endeble, a la par de que el presidente Trump seguramente querrá “calar” al nuevo gobierno.
Así que, en los siguientes meses, entre disputas entre Poderes de la Unión, el ejercicio de controversias por las minorías en el Congreso, que está en duda la viabilidad de los órganos autónomos, el reacomodo entre medios y Morena, y la nueva realidad transfronteriza, nos ponen ante un futuro incierto. Y esto sólo por señalar algunos de los temas por venir.
Habrá entonces mucha incertidumbre, pero también muchas oportunidades para romper una inercia que no nos ha permitido despegar como nación. Ojalá que cada quien haga su parte.
Cambiando de tema… Relevante la revelación que ayer hizo EL UNIVERSAL, en su sección Cartera, respecto de un proyecto que hoy se podría discutir en la Primera Sala de la Suprema Corte, firmado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el cual regresaría a Telefónica cerca de 10 mil millones de pesos en impuestos.
El proyecto, disponible en la página de Internet de la SCJN, es endeble. De llamar la atención incluso que un ministro, que fue jefe del Servicio de Administración Tributaria, confunda bandas de frecuencias y tipos de servicios de telecomunicaciones. Parecería que el proyecto más bien fue elaborado por algún integrante de su ponencia y no directamente por el señor ministro.
Pero es el momento menos oportuno para que desde la Corte parezca que se atenta contra el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. Si ya de por sí hay diferencias presupuestales y legislativas entre la SCJN y el gobierno morenista entrante, este tema viene en el peor momento posible.
Es cierto que las leyes que ordenan contraprestaciones para el sector telecomunicaciones inhiben el desarrollo de infraestructura y están hechas con fines recaudatorios, pero regresar a Telefónica cerca de 10 mil millones, en la actual coyuntura, es un asunto explosivo para la Corte y para la empresa de telecomunicaciones. Tal parece que lo que va a entrar a la Tesorería de la Federación por el pago de contraprestaciones que deben hacer Televisa, TV Azteca y otros (aproximadamente los mismos 10 mil millones de pesos), sería lo que estaría saliendo, de obtener el proyecto en cuestión votos suficientes. En unas horas sabremos.
