Gerardo Flores Ramírez | El Economista | 27 de Octubre 2015
La semana pasada se dio una discusión pública de la mayor trascendencia en torno al inminente cumplimiento de la fecha prevista en la Constitución como fecha límite para concluir la transmisión de señales analógicas de televisión. Esta discusión se intensificó a partir de la difusión del número de personas que se quedaron sin poder sintonizar cualquier canal de televisión en Monterrey, simplemente porque no están suscritos a un sistema de televisión de paga o porque no tienen una pantalla (y su respectiva antena) para poder captar las únicas señales de televisión abierta que hoy se captan en esa ciudad, las de televisión digital terrestre o TDT.
Por un lado, están los números que difundió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a partir de una encuesta que expone que en Monterrey se quedaron sin servicio, cuando antes sí lo tenían, “sólo” 472,000 personas. Por otro lado, están los datos que difundió la firma especializada en medición de audiencias Nielsen IBOPE, que indican que en realidad fueron 645,000 personas.
Hay quienes no se preocupan por esos números, simplemente argumentando que se cumple con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece un porcentaje de hogares de escasos recursos que deben estar preparados para recibir señales digitales; sin embargo, la forma en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha manejado los números del padrón de la Sedesol a lo largo de estos dos años ha contribuido en forma sustancial a generar confusión entre los analistas, pues de un universo de hogares elegibles original que sumaba 12.6 millones, el número pasó a tan sólo 9.4 millones en este año, sin que exista un documento que explique ampliamente las razones que justifican estos cambios. A ello hay que agregar que del momento en que se anunciaron los 12.6 millones de hogares al día de hoy la Sedesol reporta un incremento de 1.7 millones de hogares en su padrón de hogares beneficiarios de sus programas. Así que quedarnos tranquilos con la idea de que sólo se atenderá a 9.4 millones de hogares parece no ser una buena idea.
Si nos conformamos con el universo reducido de 9.4 millones de hogares, resultaría que a la SCT le falta entregar 3 millones de televisiones. En la semana más reciente, sólo pudo repartir 200,000 televisiones. A ese ritmo, sólo podría llegar a entregar 1.8 millones de televisiones hasta el 31 de diciembre. Es decir, no se alcanzaría a cubrir a 1.2 millones de hogares del total que, encima de todo, había previsto para el 15 de noviembre.
Tan sólo en Chiapas, por ejemplo, la Sedesol registra un total de 1 millón 90,881 hogares beneficiados de sus programas de combate a la pobreza, de un total de 1 millón 230,671 hogares que la Conapo identifica en esa entidad. De este último número, se estima que 336,000 hogares están suscritos a un sistema de televisión de paga. Por su parte, el Inegi estima que en Chiapas hay 140,000 hogares que tienen capacidad para recibir señales digitales. Un supuesto realista en torno a este último dato es que esos hogares son hogares que tienen televisión de paga; es decir, son un subconjunto de este último grupo. Con estos números, resulta que para garantizar que 90% de los hogares en el padrón de la Sedesol en Chiapas quede cubierto, la SCT debería repartir 895,000 televisiones. Al momento de escribir esta colaboración, había repartido sólo tres.
Hay quienes en un afán de impedir la reflexión alegan que se pone en riesgo el proyecto de la red compartida, que también es importante, pero ello es falso, porque la banda de 700 MHz que utilizará dicha red está prácticamente despejada en nuestro país.
*El autor es senador de la República.