Javier Orozco/ Milenio
Las tareas públicas encomendadas a cualesquiera de los tres poderes del Estado, e incluso a los órganos autónomos, no es cualquier cosa, de una u otra forma implica una responsabilidad para quien la ejerce.
En estos días de asueto llamaron la atención algunos hechos que tienen que ver con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon); situaciones que van ligadas precisamente con la rendición de cuentas y el actuar de los entes estatales.
Para empezar, el Ifetel publica y envía al Congreso su primer informe trimestral, en el que, al analizarlo, se detectan algunas informaciones incompletas; también hay que reconocer que detalla los avances en las acciones en las cuales tiene un plazo constitucional.
Llama la atención que no se hace referencia en lo absoluto al tema de inversión extranjera, cuando en la reunión de trabajo de los comisionados del Ifetel con las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, el presidente del instituto señaló que sí habían tenido algunos acercamientos con inversionistas extranjeros, pero no dio mayor dato.
Se establece que en materia de vigilancia de espectro se llevaron actividades de radiomonitoreo en el Estado de México, San Luis Potosí y Aguascalientes para asegurar el correcto uso del espectro, detectando a 41 usuarios que no cuentan con autorización para usar el espectro, pero no se dice qué acciones se hicieron para impedir ese uso ilegal.
Por ello, fue importante que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, donde establece el procedimiento para elegir al contralor interno del Ifetel y de la Comisión de Competencia, lo que permitirá mayor vigilancia en el ejercicio de sus funciones.
En ese tenor, de la vigilancia, causó una grata sorpresa que la Prodecon emitiera un comunicado señalando una posible violación a los derechos fundamentales de los causantes por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la lista de incumplidos; no se trata de defenderlos, sino simplemente de respetar el derecho de audiencia. Será interesante ver, en estos días, cómo concilian estos dos organismos esta situación, ya que cada uno está cumpliendo con su papel.
jogomez18@gmail.com
-0-