23 de julio de 2012
Javier Orozco
Milenio
El último eslabón del proceso electoral 2011-2012 está en curso y ya se encuentra en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), institución del Estado mexicano que a lo largo de su historia como órgano integrante del orden jurisdiccional (1996 a la fecha) ha conocido más de 114 mil asuntos, de los cuales les resta resolver alrededor de 2 mil.
Lo que nunca se habrían imaginado los magistrados del tribunal es que ahora tendrán que discutir si la invasión de los marcianos a la tierra es solo parte de la ciencia ficción o es una realidad, el punto es que el Movimiento Progresista al promover su juicio de inconformidad ha puesto literalmente al TEPJF ante “la guerra de los mundos”.
Nada más mediático pudo escribir en su impugnación el Movimiento Progresista al citar el ejercicio realizado por Orson Welles al adaptar a la radio la novela de H.G. Wells “la guerra de los mundos”, para describir una presunta “capacidad de los medios para posicionar información, aunque ésta sea falsa o mentirosa”.
Era natural que empresas como Grupo Fórmula, Imagen, Multimedios y Televisa tuvieran que recurrir al TEPJF a manifestar lo que a su derecho corresponde, ante imputaciones en su contra; por la simple razón, que tanto en cumplimiento de transmisión de spots y en cobertura noticiosa, la radiodifusión en México cumplió, como lo acreditan los propios mecanismos diseñados por el Instituto Federal Electoral (IFE) y que fueron aprobados por los partidos.
En verdad, el papel que tendrán los magistrados del TEPJF no es fácil, saben de antemano que su actuación estará bajo escrutinio de muchos mexicanos; por lo que un trabajo acucioso de la Comisión encargada para analizar el juicio de inconformidad, dará la certeza y tranquilidad que requiere el país que no es precisamente “la guerra de los mundos”.
Simplemente un dato final, en 2000 el TEPJF conoció de 2 mil 275 asuntos, en 2006 fueron 3 mil 745, en 2009 21 mil 799 y en 2012 suma un total de 22 mil 488; fenómeno que debe analizarse y averiguar a qué se debió el alza de litigios después de la reforma electoral.